Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ley deja por la vía de usar conceptos-válvulas, conceptos que permitan una
proyección o que admitan su modernización, tal como ocurre con el
concepto de “loco o demente” del Código Penal, que ha tenido que ser
llenado con técnicas nuevas del derecho, de la ciencia criminal y de la
ciencia médica, porque ya se quedó corto. A su juicio, todo eso es arbitrio
ordinario, y puede entonces decirse que interpretación finalista es aquella
que, dentro de la ley y dentro de las posibilidades de interpretación que la
ley da, y alcanzando la finalidad de la ley, se ejerció por parte de
determinada autoridad; y que no sea la Contraloría el árbitro definitivo que
diga “éste es el camino a seguir”, sino que, precisamente, admita a la
instancia ejecutora que es el Presidente de la República, señalar si el camino
que eligió, dentro de la ley, estaba dentro de la ley, si era una
interpretación posible dentro de ella, y si ese camino alcanzó o no la
finalidad de la ley; si se salió de la ley, hay desviación de poder, abuso de
poder, exceso de poder, o como se quiera llamar, con todas las figuras que
ya caen en el campo de la responsabilidad.
Agrega que, respecto de este punto, actualmente, rige en la Contraloría
una norma establecida en el artículo 115 de la Ley Nº 10.336, que,
en definitiva, de alguna manera o en alguna medida, consagra esta
posibilidad desde hace muchos años, en una forma muy pobre, pero lo
hace, lo que ya es un avance. El mencionado artículo 115, referido al juicio
de cuentas, dice que tanto el juez de cuentas de primera instancia como el
juez de cuentas de segunda instancia podrán dispensar de responsabilidad
al cuentadante cuando la gestión que él ha hecho no ha causado un daño al
interés patrimonial del Estado.
Al respecto, hace saber que a ella le correspondió conocer del caso de
un alcalde de una municipalidad que tenía exceso de recursos en el ítem de
remuneraciones, pero, por razones a, b ó c no había podido cubrir las plazas
respectivas, y como tenía un déficit en materia de camiones recolectores de
basura, la comuna estaba llena de desperdicios, por lo que usó de los
fondos de las remuneraciones para destinarlos a sacar la basura.
El señor LORCA acota que en ese caso había malversación de fondos.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) concuerda con el señor
Lorca, y agrega que la Contraloría absolvió a ese alcalde por la vía del
artículo 115 de la ley Nº 10.336.
¿Hubo daño —pregunta— para el patrimonio del Estado? ¿Hubo daño
para el interés nacional, tutelado en su carácter patrimonial por la
Contraloría General de la República? Afirma que no hubo daño, es decir, se
jugó dentro de un terreno de posible interpretación finalista de la ley.
Estima que el campo de la interpretación finalista es sumamente
amplio, y de ahí su inquietud, por lo menos, de describir sus elementos —
porque insiste en que las definiciones son muy peligrosas; siempre se
quedan cortas, ya que la realidad supera a la imaginación—, de describir
ampliamente el objeto de la interpretación finalista y de señalar, como base
esencial de ella, que es interpretación finalista aquella que admite una