Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

naturalmente, en lista de mérito y que exprese su interés en el cargo, este
Juez Letrado más antiguo ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los
otros dos lugares se llenarán en atención a los méritos de los candidatos.
Otra modificación es la que autoriza que, cuando se trate del
nombramiento de Ministros de Corte suplentes o interinos, la designación
sea hecha directamente por la Corte Suprema, y, cuando se trate de los
Jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva, en ambos casos sin
intervención del Ejecutivo. Esto se debe a que se manifestó por parte del
señor Presidente de la Corte Suprema que muchas veces la tramitación del
decreto respectivo demora de tal manera que, cuando viene a ser
promulgado en el Diario Oficial, la necesidad de la suplencia poco menos
que ha terminado.
Añade que el artículo 84, relativo a las responsabilidades de los
jueces, sufre algunas modificaciones, más que todo de forma. La Comisión
tuvo particularmente en cuenta la falta de armonía que existe entre este
precepto de la Constitución de 1925 y el artículo 324 del Código Orgánico
de Tribunales, que se refiere a la misma materia. Por eso estimó más
conveniente emplear una terminología como la que utiliza este artículo 324,
la cual, junto con ser más amplia, es más precisa. Así es como el nuevo
precepto dice: “Los Jueces son personalmente responsables por los delitos
de cohecho, la falta de observancia en materia substancial de las leyes que
reglan el procedimiento, la denegación y torcida administración de justicia
y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de
sus funciones”. Además, le dio jerarquía constitucional al inciso segundo del
artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, al disponer que dicho
precepto “no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo
a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en
cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia”. Esto
último deriva de que, en el seno de la Comisión se advirtió por algunos de
sus miembros que el día de mañana podría sostenerse la inconstitucionalidad
del inciso segundo del artículo 324 del Código Orgánico de
Tribunales, sobre la base de que establece una exención de responsabilidad
no contenida en la Carta Fundamental.
En el artículo 85, relacionado con la inamovilidad de los jueces, hay
algunas modificaciones de trascendencia, en especial aquélla que se refiere
a la edad como causal de cesación de las funciones de los Jueces, de los
Ministros de Corte de Apelaciones y de los Ministros de la Corte Suprema.
En esta materia, se escuchó con mucho interés al señor Presidente de la
Corte Suprema, quien personalmente —dice “personalmente”, porque
señaló que su opinión disentía, en realidad de la del Tribunal en este
aspecto— estima que es menester fijar un límite al ejercicio de la función
judicial por parte de los Jueces, de los Ministros de Corte de Apelaciones y
de los Ministros de la Corte Suprema, por la naturaleza misma de estos
cargos. Al efecto, propuso —y la Comisión, después de un largo debate,
aceptó— señalar, como límite de edad, para los Jueces, los sesenta y cinco
años; para los Ministros de Corte de Apelaciones, los setenta años; y, para
los Ministros de la Corte Suprema, los setenta y cinco años. Para fijar la