Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

materia de relaciones exteriores, que son típicamente de Gobierno y en las
que se supone que el Primer Mandatario tiene amplias atribuciones y
poderes discrecionales. Aún ellas llevan envueltos un acto de administración
y la necesidad de sujetarse a la ley y a la Carta Fundamental, ¿No sería
peligroso, entonces, ese planteamiento y no sería conveniente entrar
indirectamente a esa distinción? —se pregunta la señora Bulnes—.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
explica que ha empleado la expresión “acto de Gobierno” queriendo señalar
con eso que es un acto que está señalando una política de Gobierno, la cual
va a tener que concretarse, seguramente, con actos de tipo administrativo,
porque no se trata de declaraciones teóricas, sino de metas que el Gobierno
se ha señalado y a cuya consecución van dirigidos los actos de la
administración. Pero para que prevaleciera la voluntad del Presidente de la
República sobre la del Contralor a través de este mecanismo, debería haber
ciertas materias insistibles y otras que no lo sean. En consecuencia, las
primeras lo serían porque existiría una razón de orden superior que movería
al Gobierno a tomar una decisión
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que, sin embargo —a fin de
aclarar— eso no significa que todo acto de Gobierno sea insistible.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
explica que pueden haber muchos actos de Gobierno que no tengan la
trascendencia necesaria para que exista esta “suprema lex” que es la razón
pública.
El señor BERTELSEN señala que la idea le parece muy interesante,
pero le gustaría que el señor Guzmán Dinator indicara cuáles serían, a su
juicio, las materias en que podrá insistirse, o si prefiere el camino contrario,
aquellas que no lo serían.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
piensa que sería insistible todo lo referente al orden público, a una
calamidad pública, a una emergencia constitucional. Entonces allí hay un
elemento en que la ponderación política es más importante, en su opinión,
que la mera cuestión legal. En ese caso debería prevalecer la voluntad del
Presidente de la República, quien, al fin y al cabo, es el Supremo
Gobernante y el Supremo Administrador. En esa situación podría insistir.
El señor GUZMAN expresa que discrepa del señor Guzmán Dinator.
Entiende que la representación que el Contralor hace de un decreto es una
objeción que formula a su contenido. Ahora, ésta puede ir dirigida a la
competencia de la autoridad que lo dictó, o a la legalidad, o a la
constitucionalidad. En cualquiera de estos casos se presenta una pugna o un
diferendo. Ahora bien, especialmente en el evento de que la objeción se
refiere a la legalidad o a la constitucionalidad, pero también si dice relación
a la competencia de la autoridad que lo dictó, la discrepancia puede ser de
dos naturalezas: o bien, de interpretación jurídica o, por el otro lado,
existiendo una común interpretación jurídica y reconociendo quien dictó el
decreto que desde el punto de vista legal, este último es objetable por