Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

promulgada. Lo que sí piensa es que cualquiera que sea el órgano
jurisdiccional, éste debe estar mayoritariamente constituido por Ministros
de la Corte Suprema, porque ya tienen la experiencia bastante triste del
que fuera el Tribunal Constitucional en épocas pasadas.
Añade que, contrariamente a lo dicho por el señor Díez —y en esto sí
que es enfático, pues no le merece dudas—, cree que el sistema no ha
funcionado bien, que han sido muy pocos los casos en que la Corte
Suprema ha podido declarar la inaplicabilidad de un texto legal por ser
contrario a la Constitución y que han quedado muchos otros casos de
inconstitucionalidad al margen de esa posibilidad, sea porque las leyes
inconstitucionales no afectaban un interés particular, sea porque afectando
el interés particular no había posibilidad de iniciar un juicio contra la
autoridad por tratarse de un asunto contencioso-administrativo, sea porque
la ley inconstitucional no afectaba intereses particulares sino generales,
como ocurría, por ejemplo, cuando el Parlamento, con mucha frecuencia en
los últimos años, se atribuía la iniciativa de ley en materias que eran de la
exclusiva incumbencia del Presidente de la República, o cuando dictaba
leyes desfinanciadas sin señalar la fuente de su financiamiento. En todos
esos casos se producía una ley inconstitucional, y no había organismo
alguno encargado de aplicar este artículo 4° de la Constitución, que ahora
han fortalecido con las disposiciones legales que ha señalado.
Comprende que los argumentos del señor Díez son muy valederos;
pero como el principio le parece tan fuerte, piensa que deben buscar una
fórmula para que la majestad de la Constitución sea respetada. No le asiste
el temor, ni siquiera en el caso de que fuera la Corte Suprema la llamada a
declarar la inconstitucionalidad, de que pudiera producirse un conflicto
político. Primero, porque si hubiera existido esta disposición habría
constituido un freno muy importante para el Parlamento y se habría
evitado la dictación de muchas leyes inconstitucionales; segundo, tienen
que pensar que el nuevo Congreso Nacional va a tener una conformación
diametralmente distinta. No será un Parlamento de naturaleza
mayoritariamente política; no va a ser así. Inclusive, es probable que el día
de mañana prevalezcan los técnicos en este Parlamento, a través de una
generación mixta como se ha estado considerando en el seno de la
Comisión y que, por lo demás, ha anunciado el propio Presidente de la
República como una posibilidad para esta nueva institucionalidad. Pero
vuelve a hacer hincapié en que el problema, para él, no radica en que sea
estrictamente la Corte Suprema, sino un órgano jurisdiccional, el
encargado de establecer que una ley es contraria a la Carta Fundamental.
Por otra parte, se pregunta ¿qué ocurriría si el día de mañana un
Gobierno, con principios diametralmente opuestos al actual —o un
Parlamento—, dictara, en connivencia con éste, una ley que afectara las
garantías constitucionales, una ley que permitiera a comisarios de
investigaciones allanar todos los domicilios, una ley que permitiera a la
autoridad administrativa disponer de las piezas que no estuvieren
ocupadas en las distintas casas-habitación? ¿Cómo se lograría la inconstitucionalidad
de esas leyes? ¿Por el recurso de protección? No sería