Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

de Derecho, consignada en el Acta Constitucional Nº 2. Lógicamente que
otros puntos relacionados con la Contraloría no los van a poder discutir,
como es, por ejemplo, todo el tema de la fiscalización propiamente política.
En ello quedará el vacío propio de un sistema de concentración de poder
como el existente en Chile actualmente, al estar íntimamente relacionados
los órganos Legislativo y Ejecutivo, por lo cual no puede existir una
fiscalización parlamentaria.
La señora BULNES concuerda plenamente con los señores Carmona y
Bertelsen. En varias sesiones, destaca, ha expresado su inquietud por ir a
un tratamiento separado de la Constitución definitiva y de las actas
constitucionales. Hace presente que no es profesora de Derecho
Administrativo ni es su especialidad la ciencia de la Administración; pero
advierte que, en cuanto a la Contraloría General de la República, se
plantearán de inmediato una serie de problemas relacionados directamente
con lo contencioso-administrativo.
De acuerdo a la realidad nacional, prosigue, si hoy día se tratara en
un acta constitucional todo lo relativo a la Contraloría, no quedaría sino
aumentar las facultades de tal organismo para suplir los órganos
legislativos.
Los tribunales administrativos no existieron sino desde el año 25 en
adelante, creados con rango constitucional, y ha sucedido que a la
Contraloría se le han ido entregando funciones y atribuciones que no son
propias de un organismo contralor, con lo cual aparece hoy premunida de
diversas facultades típicas de órganos contencioso-administrativos. De ahí
que se le presenta una gran inquietud que desea que alguien la resuelva:
cómo llevar a un acta constitucional todo lo relativo a los decretos de
insistencia si después habrá un proyecto de lo contencioso-administrativo
que establece el recurso de anulación. Acogido el recurso de anulación, se
anula el acto. Si éste está insistido por el Presidente de la República
tendrían que tomar una solución en el acta constitucional o, de lo contrario,
decir que no aprobarán materia alguna relativa a lo contenciosoadministrativo.
Por otra parte, agrega, la Contraloría tiene también una atribución
relativa a la interpretación de las leyes administrativas, que es típico
recurso de interpretación de que están siempre premunidos los órganos
contencioso-administrativos. Pregunta si se la van a mantener, o la van a
privar de ella. Existe, además, la interrogante si van a dejarle o no la
facultad de decisión sobre los derechos y deberes de los funcionarios, que
es atribución típica de un tribunal,
Es menester, entonces, —y vuelve a plantear su inquietud—, que la
Comisión se aboque al estudio de estos principios generales, y, quizás, que
haga saber al Gobierno que éste sería el planteamiento, y sobre eso
empezar a ver qué desea en relación con el acta constitucional y con los
problemas que ésta presentaría.
El señor ORTUZAR (Presidente) estima que la interrogante planteada