Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor GUZMAN propone usar en forma específica y precisa, en
primer lugar solamente los términos “procesado” y “privado de libertad”, y
señalar como interpretación o como elemento de juicio de esta solución el
hecho de que al modo de ver de la Comisión el fuero que se está
consagrando persigue únicamente impedir que el magistrado sea sometido
a proceso o privado de libertad; es decir, que sean impedidos de ejercer
sus funciones en forma normal. Pero no comprende lo que pueda entrañar
el allanamiento o la vigilancia de la autoridad. Cree que esas medidas se
pueden tomar sin necesidad de requisito especial alguno, como, por lo
demás, fue la interpretación que prevaleció respecto del fuero
parlamentario, el cual, estima, debiera aplicarse exactamente igual al fuero
judicial.
Desea, en cambio, señalar que le parece indispensable cubrir en el
texto la privación de libertad en un sentido amplio, porque es evidente que
cualquiera que sea el motivo por el cual un juez va a ser privado de
libertad, debe mediar previamente el desafuero, incluso si esta privación de
libertad reviste los caracteres de un arresto que se mueve en el orden de lo
civil. Señala el hecho porque, tal cual estaba redactado el artículo 33 de la
Constitución de 1925, el punto se presta a controversia, ya que se habla de
declarar que ha lugar a la formación de causa. De manera que todo el
proceso está apuntando en forma muy nítida hacia el proceso criminal.
Pero, en cambio, como su finalidad era la de proteger la independencia del
parlamentario, por extensión, por una razonable interpretación del
precepto, se llegó a la conclusión de que también obstaba ese fuero si se
pretendía arrestar a una persona como consecuencia de algún problema de
orden civil. Debiera clarificarse en el texto para evitar toda duda al
respecto.
Al señor ORTUZAR (Presidente) le merece dudas, dentro del
planteamiento del señor Guzmán, que comparte, lo relativo al sometimiento
de un magistrado a la vigilancia de la autoridad. Tiene la impresión de que
por ese camino se puede el día de mañana, en cierto modo, restringir la
libertad personal, incluso de los Ministros de Corte o del juez que esté
conociendo del hecho. Poniéndose en el caso de un Gobierno como el
anterior, podría ser extraordinariamente peligrosa esta persecución de que
pudiera ser objeto un magistrado, la cual, aún cuando no se tradujera en
una detención propiamente tal, es evidente que significaría un vejamen, un
amedrentamiento. Por algo la Carta Fundamental empleó la palabra
“perseguido”. Ahora aclara que no es que quiera que se mantenga la
expresión “perseguido”, sino que desearía, más bien que quedara
constancia en Actas de que el espíritu de esta disposición es impedir que un
magistrado pueda ser privado o restringido de cualquier forma en su
derecho a la libertad.
Cree que en el caso del allanamiento el señor Guzmán tiene razón,
porque sería ir demasiado lejos hacer extensivo el fuero al domicilio
propiamente tal de un magistrado y porque de esa manera puede no verse
restringida su libertad; pero en el caso del sometimiento a vigilancia de la
autoridad, le merece dudas.