Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

organismo goza de independencia económica; cuenta con las atribuciones
constitucionales que ha reseñado, contenidas en el artículo 21 de la Carta
Fundamental, y tiene a su cargo, especialmente, el control de la juridicidad
de los preceptos dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria.
Destaca que organismos similares a la Contraloría General de la
República existen o han existido en el mundo contemporáneo —en algunos
países con el carácter de Poder del Estado—, como, por ejemplo, en la
República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Brasil,
Colombia, Panamá., Paraguay, El Salvador, Austria, en la Constitución
española de 1931, en Estonia, hoy día un Estado o provincia de la Unión
Soviética —esto lo dice a título de referencia—, y en ciertos países se llama
Contraloría de Cuentas, Contraloría General de la República, Tribunal
Superior de Cuentas, etcétera.
Estima, no obstante, que el derecho comparado de poco les sirve
porque, como se ha visto, Chile tiene una muy rica tradición en esta
materia, pero pueden concluir que de estos antecedentes, de nuestra
historia, de nuestra evolución institucional, de nuestra realidad nacional, de
nuestra tradición jurídica, de los requerimientos de un Estado de Derecho
como el que aspiran a recrear en nuestro país, surge la necesidad —
compártase o no el criterio de la existencia del Poder Contralor— de que la
Contraloría debe tener carácter constitucional.
Expresa que, en cuanto a cómo, en qué términos y en qué medida
debe tener ese carácter, se remite al proyecto que le ha enviado el señor
Presidente para su conocimiento, iniciativa —entiende que es de la
Contraloría, pues llegó con un oficio del Contralor— que le merece un
calificativo que ha meditado con cuidado, y va a decir en esta Comisión,
porque, al fin y al cabo, se le ha invitado para que dé su opinión personal,
que, por lo menos, es insatisfactoria.
Anota que, en primer lugar, presenta mezcladas disposiciones
esenciales —algunas de carácter esencial— con otras que evidentemente no
deben tener otra cabida que en un texto legal; los artículos 3° y 4° del
proyecto, por ejemplo, no deben tener prestancia constitucional, y a su
juicio, deben estar dentro del marco de una ley orgánica de la Contraloría.
En segundo término, introduce el control de mérito o de conveniencia,
que debe ser privativo del Poder Administrador; este control de
mérito es una de las formas de control del que ha hablado la doctrina,
especialmente la italiana, pero es absolutamente ajeno a la tradición
chilena, en que el Ejecutivo ha sido siempre el responsable de la Administración,
y este control de mérito que se propone en una forma muy
cautelosa y cuidadosa, pero que si existiera como precepto constitucional
daría margen para paralizar la Administración del Estado, está en el artículo
7° del proyecto que se les ha enviado.
Prosigue el señor Evans expresando que el tercer reparo se refiere a
que reduce la facultad del Ejecutivo de insistir frente a un decreto
representado, sólo a los casos de representación por ilegalidad. Al respecto,