Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

comprometido como tal.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) acota que
eso se llama contencioso-administrativo.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contencioso-
Administrativo) explica que este punto se debatió extensamente entre los
profesores de Derecho Administrativo —de gran calidad, capacidad y
conocimientos— que formaban la Subcomisión; se habló largamente de
cuál era la omisión que debía en realidad considerarse, y se expresó que
había omisiones que estaban establecidas por la ley cuando se entregan
facultades que no se ejercen, omisiones que, en tal caso, se prohibían y
sancionaban en los términos generales y particulares que señalaba el señor
Díez; pero, en lo global, se estimó que la autoridad está obligada a dictar
determinadas normas, y si omite hacerlo y perjudica a los particulares
éstos pueden recurrir a fin de que se cumpla la obligación legal, para lo
cual se otorga al particular perjudicado una acción para obligar a la
autoridad a cumplir esa obligación. Por eso, la Subcomisión quiso dar al
precepto una redacción rígida, casi sin excepciones, en orden a que
mediante la acción contencioso-administrativa se pueden impugnar, por no
conformarse a derecho, los actos u omisiones de la Administración.
El señor DIEZ acota que la jurisprudencia va a ir determinando
cuáles son y cuáles no son omisiones administrativas, y no va a decir
jamás que el Presidente de la República, por no ejercer la potestad reglamentaria,
quedará sometido a los tribunales.
El señor MARTIN (Presidente de la Subcomisión de lo Contencioso-
Administrativo) hace notar que, por esos motivos, la Subcomisión dejó
toda esta materia entregada a la jurisprudencia, que a lo largo del tiempo
irá dándole el verdadero cariz y el real sentido a esta disposición; de allí
que se prefirió, en general, no establecer restricciones.
Prosigue sus explicaciones expresando que, en seguida, está la
acción de reclamación de indemnización de perjuicios que proviene de la
actividad material de la Administración, respecto de lo que se estimó
conveniente dejar que toda la actividad material de la Administración
quede comprendida en la posibilidad que asiste al perjudicado para reclamar
la indemnización.
Añade que, luego, viene la otra posibilidad de la acción contenciosoadministrativa,
que es de una amplitud extraordinaria, y que es permitir la
reclamación de la interpretación o el cumplimiento de los contratos
administrativos, en lo que, prácticamente, en la actualidad, el particular no
tiene posibilidad alguna.
Repite que esto es, en general, en una síntesis muy apretada, lo que
comprende la acción contencioso-administrativa a que se refiere el
proyecto.