Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

decir, llevar los preceptos que ahora figuran en la Constitución a un acta
constitucional le parece que no justificaría el esfuerzo: hay que aportar algo
nuevo, preparando la institucionalidad definitiva.
Entonces, estima que debe aprovecharse el acta constitucional para
definir ciertos aspectos, pero teniendo mucho cuidado, como han dicho los
señores Carmona, Bulnes y Guzmán, de no prejuzgar. O sea, no llevar a un
reconocimiento constitucional algo en vista del vacío parcial hoy día
existente, porque después será muy difícil eliminarlo.
Finalmente, reitera la necesidad de aprovechar la ocasión para
pronunciarse sobre ciertos aspectos. Porque la normativa constitucional no
puede ser algo aparte que permita muchas soluciones. Las facultades de un
organismo que recibe la consagración constitucional deben ser, en general,
definidas. Es decir, no pueden dejar que la ley, en forma amplia, pueda
otorgar otras atribuciones a la Contraloría. Porque existen otras atribuciones
que son de extraordinaria importancia; es el caso de la interpretación de la
ley con carácter general y obligatorio para toda la Administración Pública. Si
se considera que aproximadamente un 80% ó 90% de las leyes que se
dictan hoy día en el país son relativas a materias administrativas, se
concluye que no son los tribunales los que están interpretando la ley en
Chile, sino que es la Contraloría General de la República.
La señora BULINES manifiesta que cada vez se reafirma más en su
opinión de que se les ha entregado una tarea muy difícil. Porque la verdad
es que no se sabe a quién se va a controlar ni qué será sometido a control,
y se les dice que creen y estructuren el órgano de control. Eso es lo que
está provocando todos los problemas. Porque ¿qué va a controlar este
organismo?
Tiene conciencia de esto, y quisiera que los demás también la
tornaran. Porque ¿qué hace la Contraloría? Un control de la actividad de la
administración. Se ignora cómo van a estar organizados los órganos de la
administración: ni qué funciones tendrán —hasta cierto punto—; ni quiénes
tendrán la facultad de lo contencioso-administrativo.
El señor ORTUZAR (Presidente) dice que tiene la esperanza de que el
debate va a revelar en último término que el problema es mucho menos
complejo de lo que parece.
Piensa, como el señor Guzmán —y más allá que él todavÍa—, que ya
tienen una línea gruesa muy definida a lo largo de las discusiones habidas
en el Seno de la Comisión, en el sentido de que, evidentemente, habrá un
control político, que debe estar encomendado a la Cámara Legislativa
correspondiente, si se establece en definitiva el régimen unicameral, como
se ha pensado hasta ahora por lo menos; que habrá un control
jurisdiccional, que estará entregado a los tribunales contenciosoadministrativos,
y que, mientras éstos no se creen, dicho control
jurisdiccional en parte estará encomendado a los tribunales ordinarios de
justicia o en parte podrá ser ejercido, en la medida en que lo permita la
legislación vigente, por la Contraloría General de la República, En este
sentido no se modificará en forma alguna el Acta Constitucional