Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

eemplazo correspondiente, O sea, le parece muy interesante la acotación
que hace el señor Guzmán. La Contraloría de Israel, que está un poco más
adelantada que la nuestra, es tal vez la más moderna que existe. Allí el
Contralor está dotado de esta facultad. El tiene la facultad, la potestad; él
sanciona todo.
El señor CARMONA consulta al señor Contralor en lo referente a los
decretos de insistencia. Si se dan a la Contraloría, por ejemplo, facultades
para anular los decretos o resoluciones de la Administración, ¿no se
resuelve en buena medida a favor de la Contraloría la situación que en
este momento se inclina a favor del Poder Ejecutivo mediante la facultad
de dictar los decretos de insistencia? Porque el decreto de insistencia sería
promulgado por orden de la Contraloría, pero sería flor de un día, porque
la misma Contraloría, al tener esa facultad, procedería a anularlo con
posterioridad, con todas las consecuencias del caso. O sea, el decreto de
insistencia perdería toda su eficacia,
El señor HUMERES (Contralor General de la República) señala que,
en realidad, no había pensado en que se llegara a ese extremo.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que no cabe duda alguna
de que hay que ser muy cauteloso para evitar que se repita la experiencia
pasada, en el sentido de que por la vía del decreto administrativo pueda
incursionarse en materias de la ley, pueda modificarse la ley y hasta la
Constitución. Por eso le han parecido bien las limitaciones al uso del
decreto de insistencia que se han colocado en el proyecto del señor
Contralor. Ignora si se podrán considerar otras en forma amplia, como lo
propicia el señor Guzmán; pero éstas, por lo menos, son fundamentales,
son esenciales, porque el decreto de insistencia sólo puede caber en
materias que sean propias de la Administración, y no puede, por la vía de
ese decreto, entrar a modificarse la ley o la Constitución.
Al señor LORCA le inquieta también otro problema, que podría ser
motivo de meditación, de estudio y de análisis. Es lo que aconteció con
los decretos de que tomó razón la Contraloría, pero que la autoridad
administrativa, haciendo uso de lo que se ha llamado la desviación de
poder, refirió con posterioridad a una cosa distinta de aquello a que
objetivamente estaban destinados. Se refiere a lo que pasó, precisamente,
con las requisiciones. Recuerda haber planteado este problema en
una acusación constitucional. Porque el gobierno de la Unidad Popular se
defendía diciendo: “La Contraloría tomó razón del decreto; este decreto
es perfectamente legal, este decreto produce todos sus efectos”.
Evidentemente, era así. Pero, en el momento de cumplimiento del
decreto, se producía el efecto contrario, o sea se producía una desviación
de su aplicación. En el fondo, se habían reunido todas las condiciones de
formalidad —se refiere a que todo el aspecto de procedimiento había sido
perfectamente correcto—; pero la autoridad administrativa lo hacía
cumplir en la forma que ella estimaba conveniente. He aquí una situación
que se permite plantear en el terreno que ha señalado la señorita Ministro
de Justicia. Si bien la Contraloría tiene la facultad de tomar razón del
decreto, después ella se desentiende del problema como aconteció y