Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En principio, comparte la opinión del Presidente en el sentido de que,
siendo este diferendo de naturaleza jurídica —y generalmente de
interpretación jurídica— si la Contraloría ha representado el decreto por
razón de inconstitucional, debe ir siempre al Tribunal Constitucional. Si lo ha
representado por razón de ilegalidad, en principio no debería ir al Tribunal
Constitucional y tendría que prevalecer la opinión del Presidente de la
República a través del decreto de insistencia, sin perjuicio de considerar si
en algunos casos no sería también conveniente, por excepción entregar al
Tribunal Constitucional la resolución final del problema, tratándose de un
decreto objetado por razón de ilegalidad.
Y, en tercer lugar, agrega el señor Guzmán, si la objeción del
Contralor obedece a que estima que el Primer Mandatario se ha salido del
marco de su competencia, a su juicio, el diferendo también debiera ir al
Tribunal Constitucional.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que, en relación a la
posibilidad de que un decreto ilegal vaya al Tribunal Constitucional, quizás
sería factible establecerlo en la Constitución con respecto a esas leyes que
ha denominado “complementarias” o “básicas”, Tal vez podría ser ésa la
solución, ya que de otra manera sería muy difícil saber a qué leyes se hace
referencia,
El señor BERTELSEN expresa que no se explica la división en tres
partes que ha formulado el señor Guzmán, pues, a su juicio, distingue sólo
dos: infracción a la Constitución e infracción a la ley, porque la competencia
del Presidente de la República no está establecida en ella o en ésta. Agrega
que existen atribuciones del Primer Mandatario que tienen rango
constitucional y que no se le pueden desconocer, y otras son simplemente
legales.
Añade que, por otra parte, concuerda con las expresiones de la
señora Bulnes relativa sobre los regímenes de emergencia. Considera que
ellos están creados para enfrentar las situaciones que no pueden resolverse
dentro de la normalidad jurídica. Uno de ellos es el estado de catástrofe
motivado por razones de calamidad pública y que se encuentra estipulado
en el Acta Constitucional Nº 4. Entonces advierte que, cuando hay una
situación que no puede solucionarse dentro de las atribuciones normales del
Presidente de la República o de las autoridades administrativas en general,
ahí llega el momento de que los organismos competentes aprecien si
procede o no la declaración de un estado de emergencia. Si procede,
naturalmente el Primer Mandatario puede hacer uso de todas las
atribuciones que la Constitución y las leyes complementarias le otorguen
para hacer frente al mismo. Ahora, si el Presidente de la República en un
momento dado llega a estimar que ni siquiera con esas facultades puede
hacer frente en forma satisfactoria a un estado de emergencia, es su
responsabilidad insoslayable determinar si en cierta oportunidad, por
razones a su juicio superiores —porque también pueden ser superiores a
juicio de él y no tener ese carácter—, se sale de la ley. Si se excede de los
marcos de ésta, tiene que afrontar su responsabilidad ante los organismos