Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

esencial; de lo contrario, la Carta Fundamental pierde sustancia.
La señora BULNES declara que comprende que una enumeración
pueda ser ingenua o pueril, pero ya no lo es tanto si ella se determina en
razón de la naturaleza jurídica. Porque si se dice las empresas del Estado,
las instituciones semifiscales, las que son autónomas, o las descentralizadas
territorialmente, la situación varía; ya es una enumeración más corta que es
lo que parece que el señor Celis busca. Eso tiene que conjugarse con una
distinción de las bases de la Administración Pública, donde se definiría qué
es cada tipo de empresa.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
advierte que no interviene en este debate porque, como estas materias
serán nuevamente tratadas aquí, posiblemente le harán después preguntas
análogas. Por lo tanto, no quiere interferir con sus opiniones en esta
ocasión.
El señor LORCA señala que por lo menos se ha ido clarificando en
forma casi absoluta la idea de que la Contraloría puede quedar consagrada
en la Constitución mediante un esquema muy simple; y que en ningún caso
daría para un acta constitucional, como parecería ser la idea del Gobierno.
Un aporte de hecho verdaderamente interesante que podría hacer la
Comisión sería establecer esas bases de la Administración, con el objeto de
precisar en términos constitucionales cuáles son los diversos organismos
que serán objeto de ese control. Porque la verdad es que, después de lo que
largamente se ha debatido acá, no dará para más la consagración
constitucional de la Contraloría como organismo de esa índole. En realidad,
no va a ser posible dictar un acta constitucional sobre eso.
Fuera de ser algo de gran interés y constituir un avance real, dicho
aporte tiene también un aspecto novedoso innegable, porque significa no
ceñirse únicamente a lo que existe hoy, sino que incluso involucra algo que
no figura en la actual Carta del 25. Y, precisamente, lo que se está tratando
de hacer es separar conceptos tradicionales consagrados en aquélla.
Por eso, considera que debe ponerse en el tapete de la discusión y
consultar sobre este asunto.
El señor CELIS (profesor de Derecho Constitucional) explica que la
expresión “ingenuo o pueril”, que usó hace un instante se debió a un mal
entendido, pues entendió que la alternativa estaba en describir todas
aquellas empresas que no quedarían sujetas, cuya gama es infinita.
El señor CARMONA señala que todo lo escuchado en el curso de esta
sesión le lleva a hacer una consideración de tipo personal referente al
método de trabajo, porque está cada vez más convencido de que sobre esta
materia no corresponde dictar un acta constitucional. Y el peligro de hacerlo
radica, precisamente, en la circunstancia de que el país no está en un
período normal para poder precisar las facultades y funciones de la
Contraloría General.