Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

administrativo, porque no considera claro el precepto en discusión.
En Chile debieran existir tribunales administrativos. Sin embargo, no
se ha dictado la ley correspondiente a que se refiere el articulo 87 de la
Constitución; pero, a pesar de ello, se cumple en parte dicho precepto, que
permite dar competencia a los tribunales ordinarios y crear tribunales
especiales. En el hecho, se ha dado mucha competencia, en materia
contencioso-administrativa, a los tribunales ordinarios, y también se han
creado numerosos tribunales especiales. De tal manera que, al hablar de
“contencioso-administrativo”, se parte de la base de que existen tribunales
administrativos, o de que debieran existir.
Los principales recursos de contencioso-administrativo que la doctrina
establece son dos: el recurso subjetivo o de plena jurisdicción y el recurso
objetivo o de anulación. El recurso subjetivo de plena jurisdicción supone un
derecho subjetivo violado; y el tribunal que conoce de este recurso tiene
plena y amplia jurisdicción para anular el acto, para modificarlo e incluso
para acordar indemnizaciones al particular afectado en sus derechos por
una resolución o una omisión administrativa. En cambio el recurso objetivo
de nulidad es aquel que se interpone en el sólo interés público y que tiene
por objeto discutir únicamente la legalidad del acto y declarar su nulidad.
En el proyecto, por lo que aquí se dice, se pretende que la Contraloría
General de la República pueda conocer del recurso contencioso de
anulación, o sea, el recurso objetivo a que él se refería, dejando entregado
a otro organismo que no se nombre, los demás recursos administrativos, y
entre ellos el subjetivo de plena jurisdicción. Esto lo encuentra bastante
grave, primero porque no cree que un organismo eminentemente
fiscalizador como la Contraloría deba tener el carácter de un tribunal, pues,
a su juicio, aquélla no estaría en condiciones de desempeñar en forma esa
función o rol. Además le encuentra un peligro bastante grave: se estaría
parcelando el conocimiento del recurso de contencioso-administrativo, El
recurso objetivo de nulidad quedaría a cargo de la Contraloría, la cual podría
tener un determinado criterio; y el recurso subjetivo de plena jurisdicción,
que es más importante en su concepto —por lo menos, para mantener el
Estado de Derecho y ciertas garantías individuales—, se estaría entregando
a otro organismo, seguramente a los tribunales administrativos o a la
justicia ordinaria. Esto puede producir que haya disconformidad de criterios
y que la jurisprudencia en materia administrativa no logre uniformarse. En
ningún país, advierte, existe esta situación, Vale la pena citar, por vía de
ejemplo, la inmensa labor que ha cumplido en la formación del Derecho
Administrativo universal el Consejo de Estado de Francia, que es el supremo
tribunal en materia administrativa. Es un sólo tribunal, es un sólo cuerpo
que conoce de todos los recursos de lo contencioso-administrativo y que ha
logrado formar una jurisprudencia administrativa tan importante que ha
creado una serie de doctrinas incorporadas en las legislaciones de casi todos
los países del mundo.
Considera por eso, absolutamente inconveniente —además de no
compartir la redacción— entregar a la Contraloría General de la República
esta función que pretende darle el carácter de tribunal de contencioso-