Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

establecimientos públicos, pero sólo en su aspecto ulterior.
En cuanto a la fiscalización sobre las empresas del Estado, el asunto
es muchísimo más delicado. Cree que la Contraloría debería realizar sólo
una especie de auditoría pública, para colocar, por así decirlo, a nivel de
directorios un informe acerca de los resultados de la gestión que se
encomendó a la empresa, porque las empresas del Estado están en
competencia con las del sector privado y, en consecuencia, deben tener
gran agilidad para actuar. Si las someten a una fiscalización anterior y
ulterior de la Contraloría, posiblemente van a tender a la inmovilización de
ellas, lo que sería a su juicio un daño muy grande, porque la empresa
competitiva del sector particular necesita decisiones rápidas.
Añade que el otro punto sería el del alcance del control. A este
respecto cree que el control jurídico debe comprender tanto el aspecto
constitucional como el legal. Es decir, la Contraloría tiene que examinar —
como lo hace— si el decreto cumple con las disposiciones de la Constitución
y de la ley. En caso afirmativo, tomará razón de él. Pero si es
inconstitucional o ilegal, lo representará; es decir, lo devolverá con mención
de las razones o motivos del rechazo.
Desde este punto de vista, ha sostenido siempre que es entendido
que se trata de decretos; esto es, de una resolución escrita, dictada por una
autoridad —en este caso, el Presidente de la República— sobre asuntos
propios de su competencia. Pero si se trata de una orden que no tiene
carácter de decreto, la Contraloría no está obligada a tomar razón de ella,
porque no es un decreto, sino simplemente una orden ilegal. En
consecuencia, en su opinión, la Contraloría no debería tomar razón de esta
orden ilegal, porque lo que está sometido a la toma de razón son los
decretos y no las órdenes ilegales, aún cuando ellas volvieran insistidas,
porque en ese caso se aplicaría la teoría de la nulidad.
El señor ORTUZAR (Presidente) consulta al señor Guzmán Dinator si
eso significa, entonces, que el Presidente de la República no puede insistir
en los decretos o resoluciones inconstitucionales, contrarios a la
Constitución.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
expresa que hay asuntos que son de la competencia de un órgano
determinado. Los que son de la competencia de este órgano podrán ser
discutidos en cuanto a la legalidad o ilegalidad de la resolución. Pero
aquellos que salen de la competencia de ese órgano, evidentemente, son
nulos. De ellos no debería tomarse razón, a su modo de ver.
En el segundo punto, está totalmente de acuerdo con el señor
Presidente. Cree —y éste es el otro punto— que en los aspectos
constitucionales habría que distinguir unos que se refieren simplemente al
cumplimiento de las disposiciones de la Carta Fundamental. Naturalmente,
la Contraloría vela por el cumplimiento de las normas constitucionales y
legales. Pero piensa que en el aspecto de los decretos promulgatorios de
leyes o de reformas constitucionales habría que distinguir. Porque si se
plantea una cuestión de carácter constitucional en cuanto a la