Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

dictamen acerca de si son constitucionales o de si son legales, En caso de
que no lo sean, lo representa, pero no decide en un primer momento
nada como regla general.
La Contraloría, según el artículo 4° del proyecto, fiscaliza la recta
aplicación del Derecho en la administración del Estado. Podrá iniciar
sumarios, citar funcionarios y hacer averiguaciones, pero quizás deban
detenerse en la aplicación de sanciones. La fiscalización podría llegar
hasta la propuesta para que otro organismo aplique las sanciones
correspondientes.
En cuanto al aspecto contable de la administración, la Contraloría
fiscaliza; es decir, averigua e inquiere acerca de la correcta aplicación de
los recursos de los distintos organismos públicos, y objeta las cuentas
respectivas cuando no están bien rendidas. Esto es lo propio de la
fiscalización. Podría agregarse también el llamado control de eficiencia, o
control administrativo; es decir, si los servicios públicos actúan bien,
aunque en esta materia tiene serias reservas en cuanto a que lo haga la
Contraloría. Pero no quiere entrar a pronunciarse sobre tal materia en
este momento.
Tales acciones son las propiamente fiscalizadoras. A veces hay que
añadir algo más. Tradicionalmente, en lo que respecta a la fiscalización
contable, la Contraloría no sólo ha fiscalizado, sino que, además, ha
juzgado. Es la antigua atribución del Tribunal Mayor de Cuentas, punto al
cual no debieran introducir innovación alguna. Pero ello, en un sentido
propio, es jurisdiccional, es un juicio de cuentas sobre los funcionarios de
la Administración Pública. Y tan juicio de cuentas es como el que se
efectúa, a veces, ante los tribunales para los particulares.
En los otros tipos de fiscalización es donde hasta este momento la
Contraloría ha sido propiamente fiscalizadora, y, por medio de este
proyecto, pretende ir un paso más allá y convertirse no sólo ya en fiscalizadora,
sino que también en juez. En definitiva, si aprobaran el
proyecto tal como fue presentado por el señor Contralor, el control jurídico
de la Administración caería, prácticamente, en manos de la Contraloría,
pues no sólo fiscalizaría, sino que podría anular cualquier acto de
la Administración.
El señor LORCA considera que el señor Bertelsen ha enfocado en
forma muy precisa el problema al analizar la filosofía de esa institución,
en el sentido de que, evidentemente, deben saber hasta dónde se
extiende el poder de la Contraloría. Si se trata de fiscalizar por medio de
los aspectos señalados —aunque podría estudiarse una norma creativa,
nueva, distinta—, la verdad es que nada aconseja modificar lo que, por
esencia, es la Contraloría, porque llegarían precisamente a los excesos
que se desea evitar y que se señalaron en la última sesión.
Estima muy oportuna la observación del señor Bertelsen, y piensa
que deben tenerla presente durante todas las discusiones sobre el