CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. IX CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / MEDIOS DE SOLUCIÓN ART. 2 2 3
En esta medida, puede determinarse con toda certeza que el recurso de anulación
de laudo formulado por la Universidad Nacional Agraria de la Selva en autos, ha
incumplido con un requisito expresa y claramente establecido en la Ley de Arbitraje,
para su procedencia; y, por tanto, la viabilidad de aquel ha sido comprometida severamente,
resultando imposible analizar el fondo de lo alegado" (pp. 6 - 7).
LAUDOS
INSTITUCIONAL (PUCP) Real Proyectos S.A.C. vs. Dirección Regional de Educación j 432
Ayacucho - Gobierno Regional de Ayacucho (A.U.: J. Huamaní): Las controversias
que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato deben ser sometidas a
conciliación y/o arbitraje plazo de caducidad general (Ley aplicable: Decreto Legislativo
1017)
"Asimismo, se indica que las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución
del contrato deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, debiendo iniciarse
dichos procedimientos antes de que el contrato culmine, siendo este un plazo
de caducidad general, aplicable en tanto no se haya establecido un plazo especial,
según lo dispuesto en el primer párrafo de los artículos 214 y 215 del Reglamento
[véase arts. 224 y 225 del nuevo RLCE].
Respecto a la resolución de contrato, el tercer párrafo del artículo 170 del Reglamento
[véase art. 207 del nuevo RLCE] indica que 'cualquier controversia relacionada
con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación
y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos,
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida" (p. 7).
INSTITUCIONAL (PUCP): ACI Proyectos S.A.S. vs Parsalud II (A.U.: D. Zegarra): Exigi- j 433
bilidad de mecanismos de solución de controversias previos al proceso arbitral
"(...) resulta de particular relevancia lo dispuesto en el fundamento jurídico 12 de la
citada sentencia, cuando sostiene que la realización de los mecanismos de solución
de controversias previos al arbitraje resultan exigibles siempre que no sean arbitrarios,
irrazonables o imposibles de efectuar, según se aprecia a continuación:
'(...) Dicha situación en el ámbito judicial, si bien resulta imperativa debido a que
viene impuesta no solo por la ley sino por el derecho al debido proceso, en el ámbito
arbitral adquiere una particularidad, consistente en que las partes, antes de someter
la controversia al juez o tribunal arbitral, pueden pactar válidamente la realización
de algún trámite previo, siempre que no resulte arbitrario, irrazonable o imposible
de efectuar.
En este contexto, los trámites previos al proceso arbitral, al ser producto de la autonomía
de la voluntad de las partes, devienen en exigibles por el juez o tribunal arbitral
antes de admitir a trámite la demanda arbitral e iniciar el proceso, toda vez que
se constituyen en requisitos de procedibilidad, que si no resultan arbitrarios, irrazonables
o imposibles de realizar, tienen que cumplirse por formar parte del procedimiento
preestablecido por las partes, que de una manera particular estaría tutelado
por el derecho al debido proceso (...)' (p. 68).