CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 41
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Por su gravedad y alta exposición al riesgo de prácticas corruptivas, las contrataciones
públicas están sujetas a diversas formas de control. Tenemos el control interno
gubernamental a través de los mecanismos de planeación, programación, asignación
de recursos, asignación de personal competente para su gestión y el control
concurrente, como veedurías. Contamos con instrumentos de control concurrente
y externo posterior a través de los mecanismos de auditoría y exámenes especiales
por medio de las entidades fiscalizadoras superiores, también el control político a
través de los representantes congresales y la revisión judicial de la adjudicación. Pero
cada día parece más convencida la comunidad internacional que es necesario contar
con instrumentos y procedimientos de impugnación y revisión en sede administrativa
de las adjudicaciones ¡legales de contratos a partir de la colaboración de los
propios competidores y participantes en los procesos de selección.
En esa línea, se ha afirmado correctamente que:
'Evidentemente, las reacciones de las empresas son el medio más seguro de cerciorarse
de que los poderes adjudicadores recurren a prácticas de adjudicación
de contratos abiertas y competitivas. Los contratistas son quienes mejor situados
están para comprobar si se respetan las normas de contratación pública, y
pueden indicar con rapidez las infracciones cometidas a los órganos de contratación.
A veces, las infracciones se corrigen inmediatamente, en cuanto son
señaladas a la entidad o poder adjudicador. En caso contrario, existen vías formales
de recurso, entre las que se cuenta la acción judicial'.
Evidentemente, el conocimiento que tienen los proveedores, la inmediatez con relación
a la comisión de la desviación y su interés económico en el proceso de selección
hacen a los postores el factor oportuno para contar con un instrumento preferente
de control de la legalidad de la adjudicación" (pp. 767 - 768).
D 358
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lim a, 2016.
"Cierto es que la incorporación de medios eficaces y oportunos de impugnación
de la decisiones gubernamentales en las compras públicas no parece ser discutible.
Pero debe hacerse de modo que interfiera lo menos posible en la oportunidad de
satisfacer el interés público inmanente en la obtención del bien, el servicio o la concreción
de la obra proyectada. La proliferación de recursos o su temeridad puede
terminar afectando la necesidad pública que se busca atender con la contratación
pública. Como afirma Mairal, los recursos en materia de contratación pública plantean
'un visible conflicto de intereses públicos y privados que torna difícil adelantar
soluciones categóricas y universales. Incluso se observa el choque de dos intereses
públicos en la mayoría de los casos: por una parte, la conveniencia de no demorar
la ejecución del suministro, obra pública u otra prestación que satisfará necesidades
colectivas; por la otra, el interés de respetar el principio de legalidad administrativa.
A su vez, la contraposición de intereses privados opone el interés del adjudicatario,
muchas veces no participe de la irregularidad administrativa, al de los demás oferentes
que buscan la anulación de la adjudicación'.
De ahí que sea de capital importancia analizar algunos aspectos del diseño de los
recursos contra los actos del poder adjudicador contra las adjudicaciones indebidas: