CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 59
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
J 255
J 256
RESOLUCIÓN N° 2064-2018-TCE-S4: El Tribunal de Contrataciones del Estado no es
competente para resolver una controversia de resolución de contrato, el cual debe
someterse a conciliación o arbitraje
"(...) la vía correspondiente para resolver un eventual cuestionamiento a la decisión
de la Entidad de resolver el contrato, de acuerdo a la normativa aplicable en contratación
pública, es a través de la conciliación o el arbitraje, careciendo este Tribunal
de competencia para subrogarse funciones y/o atribuciones correspondientes a
otros fueros; bajo esa premisa debe quedar clara que en este procedimiento administrativo
sancionador es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya
seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento,
independientemente de las causas que hayan motivada la resolución contractual"
(p. 25).
RESOLUCIÓN N° 2038-2018-TCE-S4: No corresponde al Tribunal la evaluación de la
resolución de contrato por la Entidad, ya que esta debe evaluarse en conciliación o
arbitraje
"(...) en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no corresponde
al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se encuentra
justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del contrato, toda vez
que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación
pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o arbitraje" (p. 1).
D O CTRIN A
D397
M °rÓn Urbina Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"Tampoco cabe confundir la penalidad contractual administrativa con las sanciones
administrativas que en materia contractual puede aplicar el Tribunal de Contrataciones
del Estado. Las penalidades son un pacto accesorio a la obligación principal y
son asentidas por el contratista al inicio de la relación contractual, teniendo la capacidad
de cuestionarla en su formación vía observaciones. La penalidad aplica solo
al contratista y en tanto se encuentre vigente contrato. La penalidad es un instrumento
para anticipar posibles daños por incumplimiento, por lo que su contenido
es únicamente económico (la finalidad resarcitoria que hemos señalado antes). Por
el contrario, las sanciones administrativas conforman una institución principal que es
impuesta por la ley al margen del contrato a todos quienes participan en la contratación
pública por ser de orden público, sin capacidad de cuestionarlas, siendo aplicaole
no solo a contratistas, sino a proveedores, participantes, postores, contratistas,
árbitros e incluso a los excontratistas. Las sanciones administrativas que el Tribunal
puede imponer transcienden a las obligaciones contractuales porque se fundan en
proteger deberes para con la competencia, la probidad, y el servicio público. Las sanciones
afectan el derecho a postular en nuevas, convocatorias o incluso la capacidad
para ser subcontratistas del Estado" (p. 585).