CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 50 TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
aplicación supletoria a otros procedimientos administrativos sandonadores regulados
en normas especiales. Asimismo, las sanciones administrativas en el ámbito del
régimen de contratación estatal, y de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado (LCE), modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341, se diferencian en distintas clases de sanciones mediante las cuales el Tribunal
sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas" (p. 33).
D 391
D 392
Robles Venturo» María. "Información inexacta en la Ley de Contrataciones del Estado". En:
Administración Pública & Control N° 57, Gaceta Jurídica, Lima, septiembre 2018.
"(...) la potestad sancionadora del Estado en el ámbito de las contrataciones estatales,
(...) es aquella facultad que posee la administración pública para aplicar sanciones
a los administrados ante la comisión de alguno de los tipos infractores previstos
en las diversas normas especiales, que regulan los diversos ámbitos de la administración
pública.
(...) las diversas entidades de la administración pública pueden llevar adelante procedimientos
administrativos sancionadores e imponer una determinada sanción a
aquellos administrados cuya responsabilidad en la comisión ha quedado demostrada,
corresponde precisar que en el ámbito de las contrataciones públicas, los tipos
infractores se encuentran establecidos en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado (LCE), aprobada por Ley N° 30225 y modificada por
Decreto Legislativo N° 1341, ello en atención al principio de tipicidad; asimismo, en el
numeral 50.2 de la citada norma se encuentran establecidas las diversas sanciones
que puede imponer el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE)" (p. 53).
Cortez Tataje, Juan Carlos. "Cambios a la Ley de Contrataciones: Sustracción de los órganos
instructores en los procedimientos administrativos sancionadores". En: Administración
Pública & Control N° 58, Gaceta Jurídica, Lima, octubre 2018.
"(...) el legislador tiene la obligación de organizar un Derecho Administrativo sancionador
ordenado y coherente con sus fines administrativos (dirigidos a la satisfacción
de intereses públicos) en procura del respeto al ordenamiento jurídico administrativo
y las garantías del debido procedimiento. En concordancia con dicha
construcción dogmática, el legislador peruano ha previsto desarrollar en el capítulo
III del IUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) disposido
nos que disciplinan la facultad sancionadora de la administración pública, las cuales
comprenden, entre otras, la obligación de observar en todo régimen administrativo
sancionador (...) los principios que rigen la potestad sancionadora, así como la
estructura y garantías previstas en este ordenamiento jurídico, considerando, (...) la
prohibición de establecer en normas especiales condiciones menos favorables a las
previstas en la norma general. Según se advierte, el poder que tiene el Estado para
tipificar infracciones administrativas, así como para perseguir y sancionar a los administrados
no se ejerce a simple discreción o voluntad de la administración pública,
sino que debe justificarse en la existencia de intereses públicos afectados o en peligro
de vulneración, cuya reacción pública tiene que estar embestida de garantías
mínimas que eviten el abuso o violencia sobre otros intereses también públicos
(...)•