CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 2 6 0
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
(INDECOPI) para que dicha entidad, de ser el caso, inicie a través de sus órganos competentes
el procedimiento sancionador correspondiente y determine la responsabilidad
que pudiese existir. Únicamente en el caso de que el INDECOPI determinara
la existencia de una infracción y esta quedara firme, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) procederá a la inscripción de los infractores en el
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado" (pp. 47 - 48)
D 512
^or*ez T a t a Í e , Juan Carlos. "El procedim iento adm inistrativo sancionador en materia de
contrataciones del Estado". En: Administración Pública & Control N° 2, Gaceta Jurídica, Lima,
febrero 2014.
"(...) del ius puniendi del Estado, deriva la potestad sancionadora de la Administración,
la cual debe estar autorizada por el ordenamiento jurídico. Por ende, garantizar
un procedimiento acorde con los principios y disposiciones normativas existentes,
debe ser un objetivo básico dentro de las políticas de toda institución, en especial
cuando de materia sancionadora se trata, toda vez que en presencia de esta pueden
resultar lesionados derechos subjetivos de una persona.
(...)
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ha permitido extender los alcances
de principios propios del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionador.
(...)
El procedimiento sancionador constituye una garantía fundamental para el ejercicio
de la potestad sancionadora. Asimismo, la extensión de los principios del Derecho
Penal aplicables al ámbito administrativo sancionador permite a los órganos
de la Administración ajustar la sanción a la infracción cometida, es decir, sancionar
de manera adecuada; y, sobre todo, porque permite a los ciudadanos hacer efectivas
todas las garantías que se le reconocen frente al ejercicio de la potestad sancionadora
(...) por lo que el procedimiento termina por convertirse en una garantía de
garantías.
(...)
En materia de contrataciones públicas, el procedimiento sancionador debe tener en
cuenta los principios reconocidos en la Constitución, así como, IOS previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo General (LPAG)" (pp. 43 - 45).
D 5 1 3
S a n ty '-a ^r e ra , Luiggi V. "Análisis jurisprudencial del principio de presunción de veracidad
en las resoluciones del TCE". En: Administración Pública & Control N° 42, Gaceta Jurídica,
Lim a, junio 2017.
"El procedimiento sancionador en general establece una serie de pautas mínimas
comunes para que las entidades administrativas con competencia para la aplicación
de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria; es
así que el derecho sancionador administrativo, como parte del derecho sancionador
general, está sujeto a reglas específicas y predeterminadas que protegen al administrado
de un accionar arbitrario, de modo tal que solo se sancionen las conductas
realmente lesivas para el ordenamiento público.
(...)