CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 30
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
previstos en la zona reglada de la institución (la comprobación de las causales)"
(pp. 571 - 573).
D 318
D 319
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"La competencia para declarar la cancelación y su procedimiento La decisión de cancelar
un proceso de selección en curso proviene de una voluntad externa al proceso
de selección que le permite apreciar la existencia de la causal justificativa para dejar
sin efecto la convocatoria. Por ello no tiene competencia la comisión especial a cargo
de su conducción, sino la autoridad del mismo nivel que dio inicio al expediente de
la adquisición o contratación por medio de una resolución (en caso de órgano unipersonal)
o de un acuerdo (en caso de órgano colegiado). Ha sido establecido respecto
a la competencia para cancelar procesos que: 'De conformidad con el artículo
34 de la Ley, es competente para efectuar la cancelación de procesos de selección el
funcionario facultado para aprobar la realización del proceso, según las normas de
organización interna de la entidad. Sin embargo, si dichas normas internas no precisan
quien tiene la atribución para ello, será competente el funcionario que emitió
el acto de administración que lleva implícita la decisión de adquirir o contratar de la
entidad; es decir, la aprobación para la realización del proceso convocado. En uno
u otro caso, la cancelación podrá también ser autorizada por su superior jerárquico'.
En cuanto al procedimiento interno para decidir la cancelación, es aconsejable que esa
decisión sea sustentada en los informes técnicos de los hechos contemplados como
causales de tal decisión (por ejemplo: informes presupuestarios o técnicos) e informes
legales (sobre la procedencia de la aplicación de la causal al caso concreto). Nuestro
ordenamiento de contrataciones públicas, a diferencia de nuestra regulación general
sobre revocación y también de algunos ordenamientos latinoamericanos, no exige que
la entidad otorgue derecho de alegatos a los interesados previamente a la decisión, con
la finalidad que puedan tener oportunamente la posibilidad de contestar la voluntad de
la administración y evitar el ejercicio arbitrario de esta potestad" (pp. 573 - 574).
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"El término para ejercer la potestad de cancelación del proceso de selección
La decisión de cancelación puede ser adoptada por la entidad convocante desde
el momento inmediato posterior a la publicación de la convocatoria, esto incluso
durante las etapas de absolución de consultas, de observaciones o la evaluación de
la buena pro, o si se ha declarado desierto el proceso convocado. Recién cuando la
entidad convocante otorga la buena pro, esto es, acepta la oferta de algún postor y
surge el deber de contratar con el seleccionado es que se torna imposible cancelar
ya el proceso. Luego de este momento, sí existe la posibilidad que la entidad se niegue
a suscribir el contrato ya adjudicado, pero se trata de una figura distinta de la
cancelación del proceso.
Es posible de analizar si el término de esta competencia se produce simplemente si
se ha adjudicado la buena pro o es necesario que esta adquiera firmeza. En el primer
caso, procedería la cancelación del proceso incluso después de adjudicado el