CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. III SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ART. 41
i) El efecto sobre la adjudicación de la interposición del recurso.
ii)
iii)
iv)
La autoridad competente para conocer del recurso.
La legitimidad para interponer el recurso.
La posibilidad de imponer condiciones para la admisión del recurso.
v) La decisión respecto de la adjudicación ilegal" (pp. 769 - 770).
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas p 3 5 9
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lim a, 2016.
"Un primer punto a analizar es el efecto adecuado que debe tener el recurso interpuesto
contra una adjudicación atacada de ilegal por algún proponente. Para ello,
tenemos la tradicional posición de mantener la regla común de la ejecutividad del
acto administrativo aplicada a la adjudicación basada en la presunción del validez
de que esta resguardada, con lo cual su interposición no afectará la selección del
postor y se proseguirá con la fase de perfeccionamiento contractual, la suscripción
del contrato y su consiguiente ejecución. Bajo este planteamiento, la adjudicación
seguirá manteniendo todos sus efectos en tanto no sea decidido de manera definitiva
el recurso interpuesto. Estaremos en un paralelismo entre el contrato en ejecución,
aunque acusado de ilegal, y el procedimiento del recurso que se seguirá tramitando
en sede administrativa. La precitada situación a veces aparece matizada con
el reconocimiento a la autoridad de la capacidad para dictar de modo discrecional
la suspensión de la adjudicación en vía de decisión cautelar en sede administrativa
mediante decisión motivada suficiente (por ejemplo: Chile).
Esta opción se sustentaría en la necesidad de no afectar la obtención de la prestación
referida por parte de la autoridad convocante y con ello no dilatar la inmediata
satisfacción de las necesidades colectivas comprometidas en el proceso de selección.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de la contratación de suministros de medicinas
o alimentos para programas de apoyo social.
Sin embargo, esta opción tiene dos aspectos vulnerables que esterilizan la eficacia
del recurso como control de la legalidad de la adjudicación. Por un lado, hacen
inoportuna, extemporánea o postuma cualquier decisión de control, dado que se
tratará de un contrato en ejecución (si fuera de ejecución continuada) o de uno ya
liquidado plenamente (si fuera de ejecución inmediata). Y aun, en el caso, de resultar
oportuna, conducirá a innumerables problemas prácticos de aplicación por sus
efectos sobre la prestación en ejecución, como el perjuicio al contratante en funciones,
la indefinición de las contraprestaciones pendientes y hasta la superposición de
proveedores.
Por ello, cuando se acoge este efecto, el resultado común de los procesos de impugnación
es la obtención de una indemnización añadido a la anulación (que muchas
veces ya es declarativa) o simplemente sustitutivo de la anulación, al no ser ya posible
adjudicar el contrato postor afectado. En este extremo resulta pertinente la
reflexión de González-Varas Ibañez cuando afirma que '(• -■) esta solución, a pesar de
su bondad aparente, se corresponde con un nivel de justicia secundaria, compen
satoria, y por tanto deficiente, ya que lo correcto es que el lidiador obtenga justicia
primaria, conforme a su interés real, es decir, la anulación de la adjudicación a fin de