CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. VI SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ART. 122
postores, de la ciudadanía indeterminada, de gremios o de funcionarios públicos
a cargo de labores de control.
• Interposición única. El recurso solo se puede interponer luego de otorgada la
buena pro con el objetivo de evitar la proliferación de recursos que interrumpan
sucesiva o intermitentemente un mismo proceso. Así, luego de otorgada la
buena pro todos los que tuvieran que reclamar de algún acto de la entidad recién
pueden hacerlo valer mediante la apelación debiendo demostrar legitimidad.
(...)
• Necesidad de garantizar el recurso. Con el propósito de evitar las impugnaciones
maliciosas se ha establecido que el recurso de apelación debe ser garantizado
ante el OSCE mediante una fianza o depósito bancario ascendente al 3 %
del valor referencial del proceso de selección o ítem, tramo, lote, paquete que
corresponda. Dicha garantía será ejecutada si el recurso, a criterio del tribunal,
resulta infundado, improcedente, si el recurrente se desiste del recurso ya interpuesto
o si no la renueva oportunamente, procediendo únicamente su devolución
cuando el recurso sea declarado fundado -en todo o en parte-, de declare
la nulidad del proceso u opere la denegatoria ficta por vencimiento del plazo sin
resolución. La constitucionalidad de esta garantía es dudosa por cuando afecta
el derecho a recurrir por razones meramente económicas y el acceso a la justicia"
(p. 783).
Morón Urbina Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas [) 470
contractuales que utiliza el Estado, Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"Ahora bien, el interés para ser legítimo requiere la concurrencia de tres elementos
subjetivo-formales:
a) Ser un interés personal: por la que el beneficio o afectación que el contenido
del acto administrativo debe tener repercusión en el ámbito privado de quien
lo alegue (interés no administrativo), esto es, que no se intente representar intereses
generales que han sido confiados a la administración y, precisamente, en
cuya autoridad se ha dictado el acto. Como bien se afirma en la doctrina "(...)
el objetivo de la regla del interés personal es evitar que una persona pretenda
representar los intereses generales de la Administración; en otros términos, hace
falta que el peticionante tenga un interés distinto de aquel que tendría la persona
administrativa misma, por cuenta de la cual el acto ha sido hecho (...) Por
ello es que bajo este concepto, cabe excluir del recurso a las personas que no
pueden invocar sino el interés general de que se cumpla la ley o se respeten los
principios del derecho, pues este interés es común a todos los habitantes y también
a la Administración Pública: es el interés simple de la acción popular.
b) Ser un interés actual: por el que el beneficio o afectación que el contenido del
acto administrativo debe tener una repercusión o incidencia efectiva e inmediata
en la esfera del titular del interés reclamado. Por tanto, no califican como
interés legítimo aquellos agravios potenciales, futuros, hipotéticos o remotos.
c) Ser un interés probado: por la que el beneficio o afectación que el contenido del
acto produce en el interés debe estar acreditado a criterio de la administración,
no basta su mera alegación.