CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 50 TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
que, a su vez, generan la imposición de una sanción, entendida como la manifestación
del ejercicio del ius puniendi del Estado, correspondía que dicho hecho fuese
conocido por el Tribunal de Contrataciones del Estado, pues es este órgano público
de la Administración facultado para el ejercicio de la potestad sancionadora" (p. 12).
j 241
J242
RESOLUCIÓN N° N° 1414-2018-TCE-S4: Requisitos para la configuración de la infracción
cuya comisión se imputa al contratista
"Por lo tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista,
se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto es:
(i) debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, haya
sido resuelto por causal atribuible al contratista, de conformidad con lo establecido
en la normativa vigente en su oportunidad, es decir, la Ley y el Reglamento, y (ii)
debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firma en vía conciliatoria
o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instando a la conciliación o arbitraje,
haberlo hecho extemporáneamente, o aun cuando se hubiesen llevado a cabo
dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión de
la Entidad de resolver el contrato" (p. 6).
RESOLUCIÓN N° 1442-2018-TCE-S1: Principio de razonabilidad aplicable en la
determinación de la sanción
"Para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio
de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de
la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido" (p. 12).
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
J243
EXPEDIENTE N° 2050-2002-AA/TC: El principio de tipicidad como principio del
derecho administrativo sancionador
"No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero
garantizado por el ordinal 'd' del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, se
satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley.
El segundo, en cambio, consiiuye la precisa definición de la conducta que la ley considera
como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto
de vista administrativo, por tanto, no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino
que puede ser complementada a través de los reglamentos respectivos, como se
infiere del artículo 168 de la Constitución. La ausencia de una reserva de ley absoluta
en esta materia, como indica Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador,
Editorial Tecnos, Madrid, 1994, Pág. 260), "provoca, no la sustitución de la ley por
el reglamento, sino la colaboración del reglamento en las tareas reguladoras, donde
actúa con subordinación a la ley y como mero complemento de ella.