CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. VI RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ART. 50
un procedimiento acorde con los principios y disposiciones normativas existentes,
debe ser un objetivo básico dentro de las políticas de toda institución, en especial
cuando de materia sancionadora se trata, toda vez que en presencia de esta pueden
resultar lesionados derechos subjetivos de una persona.
(...)
El procedimiento sancionador constituye una garantía fundamental para el ejercicio
de la potestad sancionadora. Asimismo, la extensión de los principios del Derecho
Penal aplicables al ámbito administrativo sancionador permite a los órganos
de la Administración ajustar la sanción a la infracción cometida, es decir, sancionar
de manera adecuada; y, sobre todo, porque permite a los ciudadanos hacer efectivas
todas las garantías que se le reconocen frente al ejercido de la potestad sancionadora
(...) por lo que el procedimiento termina por convertirse en una garantía de
garantías.
(...)
En materia de contrataciones públicas, el procedimiento sancionador debe tener en
cuenta los principios reconocidos en la Constitución, así como, los previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo General (LPAG)" (pp. 43 - 45).
Rojas Klauer, Carlos. "Responsabilidad administrativa del proveedor". En: Administración d 339
Pública & Control N° 11, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre 2014.
"(...) dada la importancia que conlleva la aplicación de la potestad sancionadora del
Estado y la afectación que ello implica en la esfera de los administrados, el procedimiento
administrativo sancionador está dotado de ciertos principios esenciales,
cuyo respeto y aplicación es ineludible para la administración pública. Estos principios
están consagrados en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General (LPAG) y son los siguientes: (i) legalidad; (¡i) debido procedimiento; (iii)
razonabilidad; (iv) tipicidad; (v) irretroactividad (...); (vi) concurso de infracciones;
(vii) continuación de infracciones; (viii) causalidad; (ix) presunción de ilicitud; y, (x) non
bis in ídem" (p. 41).
Santy Cabrera, Luiggi V. "Análisis jurisprudencial del principio de presunción de veraci- d 390
dad en las resoluciones del TCE". En: Administración Pública & Control N° 42, Gaceta Jurídica,
Urna, junio 2017.
"El procedimiento sancionador en general establece una serie de pautas mínimas
comunes para que las entidades administrativas con competencia para la aplicación
de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria;
es así que el Derecho sancionador administrativo, como parte del Derecho sancionador
general, está sujeto a reglas específicas y predeterminadas que protegen al
administrado de un accionar arbitrario, de modo tal que solo se sancionen las conductas
realmente lesivas para el ordenamiento público.
(...)
Las reglas y parámetros del procedimiento sancionador regulados en el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley N° 27444 (TUO que recoge las modificatorias de los Decretos Legislativos
N° 1272 y N° 1295), Ley del Procedimiento Administrativo General, (...) son de