CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 41
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
falta que el peticionante tenga un interés distinto de aquel que tendría la persona
administrativa misma, por cuenta de la cual el acto ha sido hecho (...) Por
ello es que bajo este concepto, cabe excluir del recurso a las personas que no
pueden invocar sino el interés general de que se cumpla la ley o se respeten los
principios del derecho, pues este interés es común a todos los habitantes y también
a la Administración Pública: es el interés simple de la acción popular'.
b) Ser un interés actual: por el que el beneficio o afectación que el contenido del
acto administrativo debe tener una repercusión o incidencia efectiva e inmediata
en la esfera del titular del interés reclamado. Por tanto, no califican como
interés legítimo aquellos agravios potenciales, futuros, hipotéticos o remotos.
c) Ser un interés probado: por la que el beneficio o afectación que el contenido del
acto produce en el interés debe estar acreditado a criterio de la administración,
no basta su mera alegación.
Cuando falta alguno de estos elementos posiblemente estaremos frente a un interés,
pero no legítimo, sino solo un 'interés simple', que corresponde a toda persona
jurídica o natural como integrante de una comunidad para actuar en función del
bien común o de círculos de interés determinados (por ejemplo: vecinos, familiares,
profesionales, comerciantes, etc.), que podemos definir como terceros al procedimiento.
En tal situación, el interés no es suficiente para ejercer el derecho de contradicción,
habilitando solamente para realizar aquellos actos procesales expresamente
admitidos en el ordenamiento para ellos, tales como denuncias, participación en
periodos de información pública o audiencias públicas" (pp. 778 - 779).
D 364
Morón ü rbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas form as y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lim a, 2016.
"Aplicando esta tesis al ámbito de las contrataciones del Estado tenemos que la
impugnación es procedente si la ejercen quienes son postores al proceso de selección,
porque si bien no tienen un derecho subjetivo a ser adjudicatarios, sí poseen
un derecho a la regularidad del procedimiento y a un tratamiento igualitario frente
a otros postores. Por ello es que resultan afectados por las adjudicaciones ilegales o
cualquier acto análogo de la entidad convocante. También poseen legitimidad respecto
de las reglas del proceso los potenciales proponentes que son afectados por
eslas en su derecho a participar.
No obstante, a partir de esa afirmación, podemos empezar algunas reducciones
ciertamente artificiales sobre cuál es el derecho o interés afectado y así mermando
las posibilidades de provocar el control de legalidad de la actuación. Por ejemplo,
en el derecho peruano se ha establecido que para poder impugnar se debe poseer
y mantener la calidad del postor y en vía jurisprudencial que la impugnación de la
adjudicación está reservada única y exclusivamente a aquellos postores que participaron
en dicho acto, es decir, que llegaron a la etapa final del proceso de selección,
mas no para aquellos que fueron descalificados en la etapa de calificación técnica o
económica. Estos postores descalificados solo podrían cuestionar su descalificación
técnica mas no el otorgamiento de la buena pro, salvo que previamente logre reincorporarse
al proceso. Con esta posición se reduce el ámbito de control dado que
no obstante existir evidencia de ilegalidades en el proceso, la instancia de revisión
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