CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. VI RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ART. 50
"(...) Velásquez Muñoz, señala que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia
hay consenso en cuanto a la existencia y legitimidad de la potestad sancionadora
de los órganos administrativos del Estado; sin embargo, resalta que esta facultad
está dirigida a "salvaguardar intereses públicos", que pueden ser afectados y violentados
por acción u omisión de quienes interactúan con los distintos modos de
expresión de la función administrativa. Sin perjuicio de ello, es importante considerar,
además del orden jurídico y el interés público, (...) las características de oportunidad
y eficacia de la actuación y decisión administrativa, bajo la consigna de que
esta se ha instituido para lograr que el poder sancionatorio original, es decir, el dado
a los jueces y magistrados, no se vea recargado por un cúmulo de funciones frente
a hechos que si bien tienen importancia pública, por sus características, resulta más
eficiente tratarse en el ámbito administrativo (enfoque de eficiencia).
(...) la llamada eficiencia de la actuación de los órganos de la administración pública
frente a las infracciones administrativas no implica desconocer garantías y reglas
mínimas que limiten el poder estatal (...). De este modo, en diversa jurisprudencia,
el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en el sentido de que la aplicación
de una sanción administrativa constituye una manifestación de la potestad
sancionadora del Estado, por lo que su validez, en el contexto de un Estado de
Derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está condicionada al respeto
de la Constitución y de los principios en esta consagrados. Por ello, la administración,
en el desarrollo de procedimientos administrativos, está vinculada al irrestricto
respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales
que la informan, los cuales, entre otros, comprenden los principios de legalidad,
tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, irretroactividad, causalidad y
presunción de licitud.
(...)
"(...) el numeral 2 del artículo 246 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General (LPAG) prevé que los procedimientos que regulen el ejercicio de
la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora
y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Por su parte,
el artículo 253 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG)
desarrolla normas de derecho común aplicables a todos los procedimientos administrativos
sancionadores, los cuales deben observar como mínimo lo siguiente: a)
Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador; b) El
inicio del procedimiento sancionador y las actuaciones instructoras; y, c) El desarrollo
de la fase decisoria o de emisión del acto administrativo.
(...) más allá de los plazos legales expuestos en el artículo 253 del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (LPAG), las reglas dispuestas para los procedimientos
administrativos sancionadores buscan combinar dos elementos esenciales:
(i) la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas; y, (ii) garantizar el derecho
de los administrados a quienes se les imputa responsabilidad administrativa.
(...) se evidencia que el procedimiento sancionador en materia de contrataciones
del Estado se aleja de la tendencia jurídica recogida por la normativa del procedimiento
administrativo general, situación que podría ser objeto de cuestionamiento
constitucional, considerando que para los administrados, el contar con un órgano