CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. II PROCESO DE CONTRATACIÓN / EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
LAUDOS ARBITRALES
Consideraciones generales del contrato
INSTITUCIONAL (PUCP): Constructora Queiroz Galvao vs. Provias Nacional (T.A.: R. j 139
Morales, P. Del Águila y L. Flores): Principio de buena fe durante las actuaciones contractuales
y aplicación de la teoría de los actos propios
"Al respecto, este Colegiado tiene en cuenta lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Contrataciones del Estado, que señala que las respuestas a las consultas y observaciones
deben ser fundamentadas y sustentadas y se comunicarán, de manera
oportuna y simultánea, a todos los participantes a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), considerándose como parte integrante de las
Bases.
(...)
Es esta línea de análisis, es claro que la respuesta brindada por PROVIAS NACIONAL
ante la Consulta N° 28 es vinculante y, en los términos de la Ley de Contrataciones
del Estado, forma parte integrante de las Bases y, por tanto, del Expediente Técnico.
Siendo ello así, a criterio de este Colegiado, la referencia hecha en las Especificaciones
Técnicas (especialmente las referidas al punto 210.07) respecto del secado de los
materiales, debe ser entendida, para todos los efectos, como un procedimiento de
secado por aireación, toda vez que una interpretación distinta sería incuestionablemente
contraria e inconsecuente con lo expresado por la propia Entidad en la respuesta
a la Consulta N° 28.
En este punto, el Tribunal Arbitral considera oportuno referirse a la buena fe y a la
teoría de los actos propios; por cuanto, la buena fe es definida corno la creencia en
el actuar correcto de las personas (naturales o jurídicas, de derecho público o privado),
lo que en términos kantianos sería lo deseable por todos siempre y al mismo
momento.
Dicho esto, la buena fe está determinada no solo por la intención interior de las partes,
sino por el comportamiento y la declaración de su voluntad, de acuerdo a los
parámetros o modelos preestablecidos, por lo que los deberes de conducta que se
deben analizar en las relaciones jurídicas van más allá de lo estrictamente acordado,
en armonía con la buena fe y siguiendo la determinación del fin previsto. Esta armonía
entre lo acordado y la buena fe debe estar alineada siempre con la función económica
y social de las relaciones jurídicas para que, de esta manera, no se defraude
la expectativa generada en una parte, a partir de la propia conducta.
En este contexto, la teoría de la buena fe, que es vista siempre desde un punto de
vista moral y ético, es llevada a los linderos de los temas jurídicos por la doctrina de
los actos propios, marcada por el aforismo 'venire contra factum proprium'. Es así
que, el comportamiento de una parte que genera la expectativa negocial en otra,
basada en los criterios de la buena fe, de manera fehaciente, no puede ser contra
dicha con una acción y omisión injusta. En esa línea de pensamiento, el Código Civil,
cuya aplicación es complementaria a la Ley de Contrataciones del Estado, señala en