CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART.
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Cumplida la legalidad -formal y sustancial-, la ejecución está guiada en primer término
por el principio contractus lex. Seguidamente, solo en los casos en que proceda
podrá el Estado ejercer el ius variandi, en orden al cumplimiento de los fines públicos"
(p. 194).
D 326
D 327
D 328
Cassagne, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Abeledo-Perrot. Buenos Aires.
2005
"Su estudio concierne a la teoría general del contrato administrativo, pudiéndose
mencionar a titulo de ejemplo, las relativas a: 1) la dirección y control que la Administración
ejerce en el cumplimiento del contrato; 2) la modificación unilateral o potestas
variandi; 3) la potestad sancionatoria; 4) la ejecución directa del contrato, etc.
Como regla general estas prerrogativas no pueden configurarse en forma implícita
pudiendo surgir tanto del ordenamiento como de las cláusulas contractuales" (p. 22).
Hernández Alvarado, Jairo."Las prerrogativas exorbitantes de la Administración en la fase
de ejecución contractual en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento".
Tesis de Investigación. USMP. Lima. 2018
"Cuando estas actividades se desarrollan mediante un contrato, nos encontramos en
una relación bilateral en la cual oscilan dos actores: el Estado (Administración) y un
particular (el contratista); si bien ambos sujetos en esencia persiguen fines distintos
(el Estado busca que se lleve a cabo una obra o servicio que a fin de cuenta cubrirá
una necesidad pública; y el particular persigue un ánimo de lucro inherente al giro
del negocio que ejerce), el interés público será el que prevalezca en el acuerdo de
voluntades de ambos contratantes; es por ello que, a pesar de los objetivos de cada
actor, la posición contractual de la Administración estará privilegiada en beneficio de
un interés (en el papel) más preponderante
En el contexto de la Contratación Pública (especialmente en la fase de ejecución del
contrato), la Administración cuenta con determinadas prerrogativas exorbitantes a
fin de asegurar el cumplimiento de los fines públicos que persigue; dichas acciones
unilaterales (las cuales están determinadas por la ley) no pueden ser objeto ni
de cuestionamientos o contraposición por la otra parte, pudiéndose entender este
contexto como una relación contractual asimétrica; este escenario, de no darse bajo
parámetros de razonabilidad y constante adecuación de la realidad, podría originar
en el papel un problema no solamente económico (debido al posible desaliento de
interesados en participar en una 'relación contractual desigual'), sino también de
carácter jurídico, ya que podríamos toparnos con un ejercicio desproporcionado de
la Ley de la materia y sin la correcta regulación de dichas facultades de la administración,
significando ello un ejercicio abusivo de su posición contractual (...)" (p. IX).
Santy Cabrera, Luiggi V. "La nulidad del contrato en la contratación pública. A propósito
de la nueva Ley de Contrataciones del Estado". En: Administración Pública & Control N° 21,
Gaceta Jurídica, Lima, septiembre 2015.
"(...) conforme a la doctrina, los elementos del contrato administrativo son: a) El
acuerdo de voluntades o consentimiento: (...) En el contrato administrativo, uno de
los sujetos de la relación contractual es la administración y el otro el cocontratante.
El acuerdo de voluntades o consentimiento implica una manifestación de voluntad
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