CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. III SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ART. 45
Al respecto, el artículo 201 de la mencionada Ley del Procedimiento Administrativo
General, es claro cuando señala lo siguiente:
Artículo 201.- Rectificación de errores
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido
de la decisión.
Por otro lado, la caducidad implica una restricción al derecho de plantear controversias,
fijada en función al tiempo transcurrido. Como toda disposición que restringe
derechos, su lectura no puede estar sujeta a una interpretación extensiva, ni mucho
menos a una aplicación por analogía.
En esta pretensión específica, el CONSORCIO no reclama ni el otorgamiento de una
ampliación de plazo, ni su efecto inmediato - que es el reconocimiento de gastos
generales, sino únicamente dos correcciones puntuales que no pretenden afectar
el fondo de lo decidido por la ENTIDAD, motivo por el cual no se le puede trasladar
el mencionado plazo de caducidad corta, siendo su único límite que esta controversia
haya sido planteada dentro de la vigencia del contrato, lo que efectivamente ha
ocurrido" (pp. 54-55).
AD HOC: Consorcio Cochapampa vs. Municipalidad Distrital de San Juan (AU: R.
Benavides): La fecha de inicio de la vigencia de un proceso arbitral dependerá de
su naturaleza o tipo
"Ahora bien, es importante señalar que la fecha de inicio de la vigencia de un proceso
arbitral dependerá de su naturaleza o tipo; así, si estamos ante un arbitraje ad
hoc, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje remitida a la otra parte.
En cambio, en caso estemos ante un arbitraje institucional, el arbitraje se inicia de
conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de la institución
arbitral que corresponda; ello de conformidad con el segundo párrafo del artículo
215 del Reglamento [véase art. 253 del nuevo RLCE]" (p. 23).
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE N° 6167-2005-PHC/TC: Reconocimiento de la jurisdicción arbitral
"8. Llegados a este punto, cabe preguntarse si es constitucionalmente legítimo el
establecimiento de esta jurisdicción de carácter privado. Al respecto, conforme
lo ha establecido este Colegiado '(•••) el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro
requisitos, a saber: a) Conflicto entre las partes, b) Interés social en la composición
del conflicto, c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como
tercero imparcial, d) Aplicación de la ley o integración del derecho'.
Qué duda cabe, que prima facie la confluencia de estos cuatro requisitos definen
la naturaleza de la jurisdicción arbitral, suponiendo un ejercicio de la potes
tad de administrar justicia, y en tal medida, resulta de aplicación en sede arbitral
el artículo VI in fine del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional por
el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan vinculados a los
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