CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 27
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección
y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.
(...)
Como se puede apreciar, nos encontramos frente a mecanismos propios del sistema
de contrataciones públicas (por ellos son intrasistémicos) que, atendiendo supuestos
previstos en la ley, facultan a contratar directamente, sin seguir el procedimiento
que -de no mediar esas circunstancias tasadas por la norma- correspondieren en
función del monto o tipo de contrato.
En esa medida, su naturaleza jurídica está caracterizada por ser componentes indispensables
de la regulación de las compras estatales que le permiten flexibilizar el
proceso típico de selección aplicable, desplazando parcialmente los principios de
libre concurrencia e igualdad de postores al privilegiar el interés de obtener bienes,
servicios u obras de calidad requerida, en forma oportuna. Por ello, las causales de
exoneración, que autorizan la contratación directa, exceptúan únicamente la fase de
selección abierta y competitiva, pero manteniendo las reglas anteriores (actos preparatorios
del contrato) y las posteriores (respecto del perfeccionamiento y la ejecución
contractual)" (pp. 306 - 308).
D 282
M°rón Urbina, j Uan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"Fundamentos de la excepción a los procesos de libre concurrencia
La justificación de las excepciones a los procesos de libre concurrencia amerita ser
abordada desde dos aspectos. En un primer momento, para apreciar las razones
que conllevan al legislador a prever un régimen de excepción al régimen general
que explica el origen y sentido por el cual todo ordenamiento sobre contratación
pública incluye su régimen de excepción. Y, luego, en un segundo momento,
los fundamentos justificativos de las causales específicamente previstas para habilitar
la excepción.
Como se sabe, la regla de los procedimientos contractuales del Estado es seguir procedimientos
administrativos abiertos y de libre concurrencia donde cualquiera que
desee efectuar negocios con el Estado pueda presentar su postura, siguiendo el procedimiento
preestablecido y en libre competencia con cualquier otro que aspire a
concurrir al mismo proceso. Los sustentos jurídico-constitucionales para esta situación,
son, de un lado, el derecho a ser tratados con igualdad que tienen los ciudadanos
en sus relaciones con el Estado, proyectado en el tema de contratos estatales; y,
de otro lado, los deberes del Fstado de motivar las decisiones públicas y de proceder
de modo público.
Siendo este el principio, el propio sistema jurídico no puede desconocer que, en ciertos
supuestos de hecho, la insistencia en la libre concurrencia no resulta recomendable,
fundamentalmente por las consecuencias adversas que conllevaría afectar el
interés público. No se trata del quiebre del principio de legalidad administrativa, ni
de facilitar acciones al margen del ordenamiento o de la regla de selección abierta,
sino al contrario, se trata en todos los casos del acogimiento en el Derecho Administrativo
de determinadas circunstancias de hecho estándar que razonablemente