CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. III SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ART. 41
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis d éla s diversas formas y técnicas [) 362
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"La legitimidad para interponer el recurso Como se establece comúnmente, para
interponer un recurso administrativo y, por ende, promover la revisión de un acto
administrativo se debe ser titular de a) un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento;
o, b) un interés legítimo, que además debe ser personal, actual y probado.
Si bien existen bien fundadas críticas al empleo de estas categorías en materia administrativa,
y en particular, en contrataciones, son categorías en aplicación y vigencia.
La titularidad de un derecho subjetivo como factor de legitimación para recurrir de
un acto administrativo corresponde cuando alguna norma jurídica asigna un determinado
derecho que debe ser reconocido en el procedimiento (por ejemplo: el
derecho a la libre empresa que debe ser autorizado administrativamente), o cuando
poseyendo ya un derecho reconocido administrativamente debe acudirse a la administración
para remover un obstáculo que se opone a él (por ejemplo: recurrir ante
una cancelación de una licencia).
Por su parte, la titularidad de un interés legítimo como factor de legitimación administrativa
corresponde a quien el acto administrativo dictado le reporte un beneficio
(si le determina un situación positiva o le elimina una restricción), o, por el contrario,
le originará un perjuicio (esa violación, afectación, desconocimiento o lesión de
la que habla la ley). Al efecto, el interés legítimo debe interpretarse en el sentido definido
por la jurisprudencia española como "aquella situación en la que, de prosperar
la pretensión de su titular, se obtendría un beneficio o se dejaría de sufrir un perjuicio
de carácter material o jurídico, derivado del acto de la Administración" (sentencias
del Tribunal Constitucional de octubre de 1982, julio de 1983 y febrero de 1987).
En ambas situaciones jurídicas individualizadas se permite a los administrados la
posibilidad de accionar para hacer efectivo su interés y obtener tutela a través del
procedimiento administrativo, y luego el proceso contencioso administrativo. En
cada caso, el interés no se sustenta en una norma positiva, sino en sí mismo, y que
atañe no a la colectividad, sino de manera individualizada a quien lo ejerce y, en su
caso, a un grupo identificable y circunscrito de personas en relación inmediata con el
objeto del acto. En este sentido, debemos conectar el interés legítimo con el objeto
(declaración, decisión o certificación) contenido en el acto administrativo, que es
precisamente el acto lesivo del interés" (pp. 777-778).
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas p 363
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"Ahora bien, el interés para ser legítimo requiere la concurrencia de tres elementos
sujetivo-formales
a) Ser un interés personal: por la que el beneficio o afectación que el contenido
del acto administrativo debe tener repercusión en el ámbito privado de quien
lo alegue (interés no administrativo), esto es, que no se intente representar intereses
generales que han sido confiados a la administración y, precisamente, en
cuya autoridad se ha dictado el acto. Como bien se afirma en la doctrina '(...)
el objetivo de la regla del interés personal es evitar que una persona pretenda
representar los intereses generales de la Administración; en otros términos, hace