CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 11
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
la persona jurídica directamente o por medio de sus representantes hubiesen admitido
y/o reconocido la comisión de cualquiera de dichos delitos en las condiciones
establecidas anteriormente" (p. 53).
D 56
’^avas Rondón, Carlos. "Los impedimentos para contratar con el Estado como causal de
sanción". En: Administración Pública & Control N° 40, Gaceta Jurídica, Lima, abril 2017.
"No se puede contratar con el Estado cuando existan expresos impedimentos, restricciones
o causales previstas en la ley con el fin de prevenir la existencia de conflictos
de intereses y demostrar la transparencia en los procesos de selección para que
no existan ventajas o privilegios que afecten los principios de moralidad, imparcialidad
y equidad; (...) es decir, no debe existir dudas o sospechas sobre comportamientos
éticos anteriores.
(...)
Los postores o contratistas que tienen impedimentos para celebrar contrataciones
con el Estado no pueden participar en ninguna de las etapas de los procesos de
selección que se convoquen, a pesar de que puedan tener mejores propuestas técnicas
o económicas que otros proveedores; tampoco pueden utilizar mecanismos
para eludir dicha condición restrictiva, como reorganizaciones societarias, la utilización
de testaferros, fusiones de empresas u otras modalidades que afecten los fines
de la transparencia y la legalidad en las contrataciones.
(...)
La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) establece de manera taxativa qué tipo
de personas naturales o jurídicas no pueden participaren los procesos de selección
y contratar con el Estado, existiendo impedimentos absolutos en aquellos que no
pueden participar en ningún proceso y otros relativos que limitan la participación de
determinados funcionarios a ámbitos específicos como locales, regionales, nacionales,
jurisdiccionales u otros, según sea el caso.
(...)
Los impedimentos para contratar con el Estado vienen a constituir situaciones de
excepción que deben ceñirse a sus propios términos y racionalidad. Debe quedar
claro que su objeto no es cerrar el mercado a un determinado grupo de personas,
sino fomentar la transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, por
las circunstancias mencionadas y establecidas en la propia Ley de Contrataciones
del Estado (LCE). Se trata de evitar que determinados proveedores por situaciones
especiales como su alta investidura, su injerencia directa en la toma de decisiones, el
acceso previo de la información de la contratación o cuando se encuentren suspendidos
sus derechos, entre otras razones, tengan una posición privilegiada respecto
de los demás potenciales competidores o postores.
(...) en los impedimentos señalados, existen variadas restricciones en función del
cargo, ya sea en el ámbito nacional, regional o local; así, tenemos que estas se
encuentran en las causales a) b) y c) que son por el ámbito jurisdiccional; la causal
d) se refiere a la entidad pública a la que pertenece la persona involucrada; la causal
e) por su participación en los procesos de selección y la causal f) por razones de
parentesco.