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Como se puede observar en la lámina 1, a lo largo de 49 años se han fortalecido
jurídicamente las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo [SCAP], sin embargo, lo
anterior no fue suficiente para las necesidades requeridas por estas sociedades (mayor
supervisión y control). Motivo por el cual el sector de las cajas populares solicita un marco
legal específico, y es en 2009 cuando se da respuesta a las inquietudes planteadas con la
publicación de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativa de
Ahorro y Crédito [LRASCAP]. Teniendo como finalidad el proteger los depósitos de los
ahorradores y promover el desarrollo del sector.
Con las modificaciones y reformas que fueron realizadas a la legislación de las SCAP, se ha
permitido el ingreso a un mayor número de participantes, sin embargo, sigue latente la
necesidad de contar con mayor regulación y supervisión, a través de la LRASCAP.
En la lámina 2, se esquematiza el desarrollo y las etapas que tuvieron que pasar para llegar
a la LRASCAP, la cual tiene como última prórroga el 31 de diciembre de 2012.
Lámina 2
Decreto de 2001,
publicación de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular
LACP se establece una
prórroga hasta 2005.
Decreto de 2005, la
prórroga condicionada se
amplía hasta 2007.
Decreto de 2007, la
prórroga se extiende hasta
2010.
Decreto 2009, publicación
de la Ley para Regular
Actividades Sociedades
Cooperativas Ahorro y
Préstamo LRASCAP.
Decreto de 13 de agosto de
2009, la prórroga
condicionada se amplía
hasta el 31 diciembre 2012.
Fuente: Elaboración propia, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
En párrafos anteriores se mencionó que fueron observados algunos abusos en las SCAP que
no fueron regulados en su totalidad por la LCAP, vigente en ese momento, la cual tiene
como objetivos principales:
Proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo del sector a través de:
• La atribución a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] de
facultades de autorización, supervisión, regulación y sanción.
• Establecimiento de un esquema de supervisión auxiliar, a cargo de las
federaciones, a través de sus respectivos comités de supervisión.
• Establecimiento de un esquema de seguro de depósito, a cargo de las
confederaciones, a través de un fondo de protección.
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