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del doble en un año y medio. Los pagos por un crédito de $4,000 son de $254 pesos en 26 semanas;
por $3,500, $222 pesos semanales; por $3,000, $190 pesos, y por $2,000, un pago semanal de $127
pesos. Este último significa pagar $3,302 pesos, 65% por ciento de interés en un lapso de 6 meses.
Caso Michoacán
En el estado de Michoacán, la usura ha sido tipificada como un delito concerniente ya no al Código
Civil, sino al Penal desde el año 2008, cuando fue reformado y que señala que aquella persona que
le preste dinero con un interés superior al 2% mensual será sancionada con 8 años de cárcel. Pero
los negocios dedicados al préstamo no están dentro de esta legislación debido a que tienen que ver
con el Código Mercantil, no pueden ser tocados por el estado y ahí es donde radica el problema. Y
si en cambio, este tipo de negocios han crecido en el país de manera exponencial a partir de la crisis
global, de la necesidad de la gente, del desempleo. Estos negocios, incluyendo a las casas
prendarias, están robando a la gente, además de intereses altísimos, la gran mayoría pierde sus
pertenencias.
El Código Civil del Estado en uno de sus capítulos se ocupa del contrato de mutuo, que puede ser
simple o con intereses. Ese mismo capítulo establece que es usurario el interés que exceda del 2%
mensual. A su vez el Código Penal del Estado tipifica y sanciona la usura, que consiste en cobrar
intereses más elevados de los que permite la ley, aprovechando la ignorancia o la inexperiencia de
las personas. Pero eso aplica nada más para contratos de mutuo, no para pagarés y otros documentos
de crédito, pues éstos se rigen por el Código de Comercio que es una Ley federal. Por ello, es claro
que sí existe usura y agiotismo, pero están legalmente permitidos en cuestiones mercantiles, que es
el caso de muchos establecimientos de crédito. Desde luego los intereses que se cobran en la
mayoría de las instituciones están lejos de ser del 2% mensual.
La morosidad resulta costosa, tanto con casas de préstamo, como de empeño, bancos. Situaciones
de gravedad tales como desmayos, personas enfermas que tienen que decidir entre curarse o pagar
sus deudas, son comunes, donde no es del todo creíble que estas personas, las más humildes,
busquen apoyo para no pagar, por el contrario, lo que buscan es pagar, pero las deudas se han vuelto
impagables. Hay casos donde un crédito que se va pagando y por alguna razón se da un atraso, no
puede ponerse al corriente porque las mismas empresas les ponen trabas: cobran intereses
moratorios y ordinarios al mismo tiempo, gastos de cobranza, algunas hasta cobran $100 o $150
pesos por visita, a lo que le suman el IVA. Son obstáculos que las mismas empresas ponen para que
caigan en mora y cuando los demandan lo hacen por el total del pagaré, sin importar lo que ya han
pagado. Es normal que estas instituciones a la hora de negociar una restructuración hagan firmar
documentos por nuevas deudas todavía más altas. Cuyas consecuencias van más allá de lo
económico, pues muchas veces son motivo de la separación de familias.
Las prácticas de cobranza son ofensivas en contra del deudor. Existen casos en donde trabajadores
de estas empresas ostentándose como jueces, actuarios o secretarios de un juzgado entran a los
domicilios de los deudores y los embargan, situación totalmente ilegal. Empresas como Elektra, por
la vía legal exige pagos de hasta el 19.5% de interés mensual, todo esto es ilegal e ilegítimo. La
movilización de la gente a dado resultados parciales, un logro alcanzado en algunas ocasiones es
que se pague solamente el capital, de forma real y factible, pero para ello han tenido que bloquear
esas empresas, forzar el dialogo para lograr un mecanismo de pago favorable. Ello, ha pasado con
empresas nacionales como Elektra, Famsa, Cajas de ahorro como Morelia-Valladolid y Libertad,
entre otras, que pudieran parecer invencibles, pero que han tenido que negociar ante la presión
popular. Los ayuntamientos tienen un régimen autónomo para ejercer sus funciones, entre estas
atribuciones y funciones está la de velar por la seguridad y bienestar de sus habitantes.
Evidentemente tienen la facultad de conceder o negar, resellar, licencias municipales para que
trabaje cualquier giro, bien podrían ya no autorizar las licencias municipales de negocios de
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