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Conclusión.
La práctica constante de actos de corrupción en la esfera pública y privada en México,
afecta de manera importante la vida económica, política y social, perturbando la vida
institucional, y con ello, la cultura de la legalidad, que da como consecuencia una
sociedad corrupta e injusta. La falta de confiabilidad en las instituciones públicas y sus
funcionarios, son resultado de acciones alejadas de principios y valores éticos en el
quehacer administrativo y político, que impide que se logren las metas y objetivos
planteados en las instituciones.
Parafraseando a Adela Cortina podemos señalar que no se educa al individuo por decreto,
elevar la conducta moral de los individuos que integran las instituciones públicas requiere
del compromiso gubernamental para brindar una educación de calidad que abarque el
ámbito moral, técnico y científico para forjar ciudadanos comprometidos y conscientes de
la responsabilidad ética y profesional que implica asumir un cargo público. La ética es el
instrumento más poderoso para constituir y robustecer la conciencia de hombres y mujeres
que integran y dan vida a las instituciones y hacen las leyes que rigen a la sociedad, y al
mismo tiempo regulan la vida económica, democrática, política y social de la nación.
El Estado está constituido por instituciones y estás son de carácter público, y deben estar
representadas por personal calificado, técnica y científicamente y fortalecido por valores
éticos que lo hagan un equipo profesional, que responda a las responsabilidades que les son
encomendadas, y contribuyan con sus decisiones al desarrollo económico, político, social y
democrático que México necesita.
El gobierno federal debe vigorizar los mecanismos institucionales de la administración,
fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, impulsando al
mismo tiempo una cultura ética que favorezca la legalidad,, institucionalidad y justicia
social bajo la supremacía de la ley, para que la sociedad recupere la esperanza de alcanzar
una vida digna, ese es el fin del Estado, su naturaleza es el bienestar de la comunidad a la
que gobierna, a esos intereses generales debe responder con prontitud, eficacia y eficiencia
el Estado para lograr la legitimidad en sus gobernados. La restructuración administrativa
persigue como fin brindar servicios eficientes, eficaces y de calidad, y la armonización de
la vida comunitaria.
Es responsabilidad del Estado, establecer el Estado de derecho a partir de la supremacía de
la ley. Un Estado que presuma de ser democrático, debe abocarse a crear las condiciones
políticas y sociales, que permitan a todos los ciudadanos por igual lograr su mayor
realización espiritual y material, respetando la libertad, dignidad, derechos y creatividad de
la persona. Y que el éxito no esté condicionado a valores de consumo materiales, sino a la
restructuración de la dignidad humana, que va acompañada de una cultura ética, que
refuerce el espíritu de servicio comunitario del servidor público, hacia el interés general en
bien de la comunidad política, y la institucionalización de instrumentos éticos en la función
pública, para una verdadera modernización del Estado.
1915