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Development Action), surgen precisamente como respuesta a la crisis de la década de los
setenta. Estas primeras iniciativas sirvieron para, por un lado, potenciar las infraestructuras
locales (en materia de servicios a las pyme locales) y, por otro lado, activar las relaciones
de cooperación entre actores públicos y privados. Tales iniciativas sirvieron para significar
la importancia de lo local, del territorio como recurso estratégico contra posibles ajustes en
el sistema productivo. El resultado, sin embargo, se materializó en el desarrollo y
consolidación del tejido empresarial de las pyme, junto a un proceso de descentralización (e
individualización) de las relaciones laborales. En lo que respecta a creación de empleo los
diferentes programas tuvieron poco impacto (Léonard, 2001). Entre otras razones, porque,
uno, a estas iniciativas ligadas a la creación local de empleo se unió la emergencia de las
políticas de deslocalización del proceso productivo que comenzaban a extenderse; y, dos,
por muy paradójico que resulte, el empleo no era considerado una prioridad dentro del
esquema de acción europeo.
Los primeros pasos del proyecto europeo dibujan una Unión Europea que supone un
acuerdo de cooperación internacional básicamente de tipo económico. El resto de
dimensiones (políticas de empleo, sistema de bienestar, derechos, representación política,
representación jurídica, etc.) resultan inicialmente objetivos secundarios (a nivel europeo)
respecto al objetivo principal: integrar las diferentes economías nacionales con el fin de
conseguir generar una economía de escala suficientemente competitiva con el resto de
economías mundiales existentes, creando a su vez un mercado interior único
suficientemente potente para asumir los intercambios entre los países miembros. Dichas
diferentes políticas (empleo, protección social, etc.) quedarían todavía bajo las
competencias de los diferentes Estados, los cuales se muestran reacios a cooperar (y, por
tanto, a perder algunas de estas competencias) sobre estas políticas.
La EEE tiene su origen en la creación de la Unión Monetaria Europea formalizada en el
Tratado de Maastricht, en 1992, cuyo objetivo era el de fijar una serie de compromisos
estrictos sobre la estabilidad monetaria de las economías de cada país miembro de la
moneda única (Aragón y Cachón, 1999). Acto seguido, con la creación del Banco Europeo,
se añadirán objetivos del tipo de constricción del gasto público y de la inflación,
convergencia en los tipos de interés, etc. De forma secundaria, aparecen algunos aspectos
sociales a tratar, como sería la lucha contra el desempleo y algunas medidas de política
social. Pero no es hasta la creación de la Estrategia Europea de Empleo y su posterior
depuración cuando objetivos como el empleo y la cohesión social aparecen en un primer
plano. Aunque formalizada en el Tratado de Ámsterdam y la Cumbre de Luxemburgo,
ambos de 1997, la idea originaria de la Estrategia Europea de Empleo data del informe
conocido como Libro Blanco de Delors, Crecimiento, Competitividad y Empleo. Retos y
pistas para entrar en el siglo XXI, de 1993.
El siguiente momento clave es la celebración del Consejo Europeo Extraordinario de
Lisboa, celebrada en marzo de 2000. Esta cumbre supone un cambio significativo en el
proceso de consolidación de la EEE. Se ha de tener en cuenta que esta reunión se produce
con la coyuntura económica más prometedora de la UE. Dos son los objetivos principales:
promover una UE más competitiva, dentro de la sociedad del conocimiento; y alcanzar el
pleno empleo en 2010. Todo ello bajo la premisa de tres pilares fundamentales: el pilar
económico, el pilar social y el pilar medioambiental. Otra novedad importante es la
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