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Por su parte, los fondos estructurales y de cohesión (más allá del FSE y de las acciones
incluidas en el Artículo 6), permiten ampliar el abanico de oportunidades de financiación
por parte de los territorios a la hora de promover y ejecutar acciones de desarrollo local,
pero no tan vinculadas con la creación de empleo.
Estos mecanismos, entre otros, dan cuenta de varios rasgos característicos de las PEDL:
1) Protagonismo de los recursos endógenos: las PEDL buscan el aprovechamiento y
potenciación de los recursos endógenos del territorio (recursos humanos, empresas
locales, acumulación de conocimientos, infraestructuras, recursos naturales, etc.).
Pero también hace referencia a que la iniciativa y el impulso de las acciones deben
venir desde el territorio.
2) Lógica multi-nivel: las PEDL son el conjunto de iniciativas que parten de los
territorios (lógica bottom-up) y que concurren de forma competitiva en las
convocatorias de los diferentes fondos de la UE (lógica top-down).
3) El papel de promotor de la Administración regional-local: esto es, el gobierno local
o regional como dinamizador de las relaciones entre los actores locales o regionales.
4) Colaboración público-privada: la coparticipación de los actores públicos
(administración, instituciones,…) y los actores privados (fundamentalmente
empresas).
5) Carácter experimental y experiencial: basado en el ensayo-error de iniciativas
planteadas desde los entes locales y/o regionales.
4. DEBILIDADES DEL DESARROLLO LOCAL EN EL CONTEXTO EUROPEO
Sin embargo, las PEDL, caracterizadas en el contexto comunitario, adolece de ciertas
debilidades o limitaciones. Como argumentan algunos autores (Rubbery et al., 2008;
Serrano, 2009; Pochet y Boulin, 2009) la UE tiene un “doble rasero legislativo” en función
de que ámbitos se trata. Desde la UE se interviene de cuatro formas diferentes: uno, las
normas que implanta, la regulación del acceso a los recursos, a través de la retórica del
proyecto europeo; y finalmente, a través de las recomendaciones a los Estados miembro
(Rubbery et al., 2008; Pichierri, 2002). Las dos primeras serían lo que se conoce como hard
law, mientras que las dos segundas serían soft law. Y aquí entra el doble rasero ya citado.
Históricamente, el proyecto europeo ha tratado el tema del empleo desde las vías soft law,
es decir, a través de recomendaciones a los Estados miembro para que sean aplicadas en sus
Planes Nacionales de Acción para el Empleo (PNAE), y a través de la retórica comunitaria.
Cierto es que esta creciente presión ideológica otorga capacidad a la UE para crear
categorías de discurso, aumentando su capacidad de influencia hacia las diferentes políticas
de empleo nacionales (Pichierri, 2002; Serrano, 2009; Gualini, 2005). Pero no deja de ser
evidente la diferencia respecto al tratamiento que se da desde el seno europeo a otras
políticas como, por ejemplo, las políticas más estrictamente económicas (control de
mercados financieros, control del gasto público, sistemas de aranceles externos, mercado
interno único, control de tipos de interés, etc.) (Scharfp, 2000). Estas políticas son tratadas
desde las vías hard law, es decir, a través de la implantación de normas y del control de los
recursos. No es necesario recordar la importancia de este contexto económico para el
empleo y las posibles políticas relacionadas con él. Así, nos encontramos ante un escenario
europeo donde lo (estrictamente) económico es regulado desde las instituciones europeas,
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