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para cualquiera, los juicios que llegan ante los tribunales son más fáciles de resolver,
además de que surgen menos litigios, ya que, de ese modo, pueden reducirse los incentivos
a la corrupción 49 .
Los servidores públicos deben estar informados constantemente de las normas básicas que
se espera respeten en el desarrollo de su trabajo, además de conocer los límites de la
conducta aceptable, con lo que se logra crear un entendimiento compartido en todas las
áreas del gobierno y al interior de la comunidad.
Con los indicadores mencionados logramos plantear la siguiente pregunta: ¿Existía el
conocimiento necesario de la normatividad (normas y reglamentos), por parte de los
funcionarios municipales?
En cuanto a las respuestas obtenidas, el 86% de los servidores públicos mostró ignorancia
extrema sobre el marco legal que los rige, revelando fuertes carencias en sus sistemas
administrativos, ya que desconocían los criterios mínimos obligatorios y los códigos de
conducta a seguir. Asimismo, es significativo observar al mismo tiempo que el 90% de los
funcionarios no examinaron el alcance de la Ley respecto a los encargos y
responsabilidades de todas las áreas de la Administración Municipal, pues sólo dos de los
interrogados expresaron algún conocimiento sobre el hecho de que todas las áreas del
Ayuntamiento debían estar regidas por la normatividad.
Con respecto a la existencia de reglas e instrucciones claras y precisas que aseguraran su
cumplimiento por parte del personal del área de Tesorería de los ayuntamientos, se observó
una completa ignorancia tanto de los manuales publicados como de los cursos de
capacitación impartidos por la Secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado, de lo
que se infiere un significativo grado de desconocimiento sobre “qué” y “cómo” realizar
correctamente los procedimientos para la elaboración y presentación de la Cuenta Pública
Municipal.
En suma, fue notable la carencia de conocimiento de las normas, reglas e instrucciones por
parte de los funcionarios municipales, provocado probablemente por el poco interés
mostrado por los mismos en conocer los alcances de la Ley en sus encargos y
responsabilidades. Este hecho refleja una tendencia negativa en las creencias de los
funcionarios municipales en cuanto a la necesidad del cumplimiento de la normatividad,
49 El Comité de Administración Pública de la OCDE (PUMA, por sus siglas en inglés) apoya a sus países miembros en sus
esfuerzos por perfeccionar sus sistemas de ejercicio de gobierno y administración del sector público. El trabajo de este
organismo “sobre la ética en el sector público” examina la corrupción como un acto delictivo individual, y como el
resultado de fallas en el sistema, es decir, se trata de un problema administrativo que se manifiesta mediante
reglamentaciones de baja calidad e instituciones públicas débiles que no aplican adecuadamente la ley, fracasando en la
implantación de controles de supervisión y de transparencia adecuados (Bertók, 2000:143).
“Conforme se reducen los controles y la reglamentación central tradicionales, el papel de los valores y el concepto de
interés público que abarcan se vuelve cada vez más significativo, tanto en su calidad de guía de conducta como por ser
un punto de referencia común e hilo conector del servicio público, los mecanismos para salvaguardar los valores
requieren un ascenso de categoría para proteger el interés público en la nueva situación actual” (Bertók, 2000:145).
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