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marcando una clara dirección; mientras que lo político, lo social y aspectos como el
empleo, se deja a la opción de los diferentes estados miembros, aprobándose las posibles
normas en Consejo de Ministros, lo que hace difícil su regulación. La política de
subsidiariedad y la lógica de abajo-arriba se aplica en algunos ámbitos (políticos y sociales)
y en otros (económicos) no. ¿Cuál es, por tanto, la situación de la EEE?
Dentro del escenario comunitario, lo que aquí nos interesa para el desarrollo local, es la
posición de la EEE, y más específicamente la posición de las PEDL vinculadas a la
creación de empleo dentro de ésta y, por tanto, dentro del escenario comunitario. Según lo
expuesto, el empleo y otros aspectos sociales (o no estrictamente económicos) no han sido
una preocupación desde los inicios del proyecto europeo. Aunque el desempleo aparecía
como una preocupación teórica, en función del ciclo económico, en la práctica resulta un
objetivo claramente subordinado a los objetivos macroeconómicos que marcan los inicios
del proyecto europeo (Raveaud, 2007; Ashiagbor, 2005; Aragón y Cachón, 1999;
Goetschy, 1999).
Lo que interesa es constatar que la EEE no es una política en sentido estricto. Por su
propia definición, carece de poderes efectivos. Supone, más bien, un procedimiento
(procedure) que define objetivos y recomendaciones a los Estados miembros (Raveaud,
2007: 412). Este proceso se perfila en el tiempo, con lo que estos objetivos, pero sobre todo
las directivas, se van modificando. Estos cambios se producen gracias a los resultados
procedentes de las experiencias piloto surgidas de la propia EEE. Este flujo de información
funciona dentro de un proceso de ensayo-error, que consiste en la recogida de información
procedente de las iniciativas comunitarias y la generación de conocimiento en materia de
buenas prácticas. Ideas como best practices, benchmarking y policy learning, caracterizan
este proceso. Con lo que tenemos una EEE que se posiciona más (ya lo hemos apuntado)
como fuente discursiva, retórica e ideológica más que como fuente reguladora.
Por tanto, estamos ante un escenario de regulación económica fuerte en términos de
mantener libertad comercial interna, mantenimiento de aranceles externos, constricción del
gasto público, estabilidad de precios y tipos de interés sin atender a los niveles desiguales
entre los Estados miembro. Por otro lado, respecto a los aspectos no económicos,
fundamentalmente la dimensión de las políticas de empleo y de las políticas sociales, la
regulación no resulta tan estricta, dejando paso a la autonomía propia de cada Estado
miembro, la decisión y potestad a la hora de formularlas y regularlas. Cierto es que las
recomendaciones comunitarias progresivamente se van incorporando al redactado y
formulación de las políticas nacionales (Strauss, 2005; Pichierri, 2002), pero no deja de ser
evidente la menor capacidad de influencia de la UE en este sentido. Pero lo más destacable
es el tipo de escenario económico que se dibuja para las políticas de empleo y las políticas
sociales de los Estados comunitarios. Dicho escenario tiende hacia una progresiva
liberalización económica y hacia un deterioro de los pilares del anterior modelo económico
y social keynesiano. Esto es, una limitación patente respecto al gasto público (incluso en
situaciones de “emergencia económica”) y un mayor debilitamiento de la dimensión de la
protección social (es decir, de los Estados de bienestar).
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